Fiscalía decide si acusa y pide juicio oral, en el caso del fraude a la Caja

Hoy vence el plazo para que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos solicite juicio oral para los imputados por la defraudación a la Caja de Jubilados Bancarios, o se allane a la posición de la fiscala Victoria Acuña, quien solicitó la desvinculación de cuatro procesados.

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La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción dictaminará hoy si se allana o no a la pretensión de la fiscala Victoria Acuña de conceder el sobreseimiento definitivo para el presidente del Consejo de Jubilaciones, José Antonio Caballero Bobadilla, y los consejeros Miguel Oro Domínguez, Ángel Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, imputados por lesión de confianza.

La fiscala adjunta Soledad Machuca presentará hoy su dictamen ante el trámite de oposición que aplicó la jueza penal de garantías Leticia Paredes, contra el sobreseimiento definitivo que solicitó la fiscala Acuña.

La representante del Ministerio Público solamente solicitó juicio oral para César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones.

Acuña en su acusación encontró un perjuicio patrimonial a la Caja Bancaria de solamente G. 377.111.310, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Sin embargo, los denunciantes refieren que el daño patrimonial es cuatro veces superior y alcanza G. 1200 millones al 30 de marzo de 2018.

Disconformidad de querellantes

Los querellantes adhesivos indicaron que existen sobrados elementos para que el presidente del Consejo de Jubilaciones Caballero Bobadilla, y los consejeros Oro Domínguez, Chamorro Ortiz y Hamuy Campos Cervera enfrenten juicio oral, porque los mismos avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos.

Sin embargo, la fiscala Acuña había argumentado para solicitar el sobreseimiento definitivo que la verificación objetiva de la concesión de los créditos estaba a cargo del gerente general Amarilla, quien a la vez fue el representante legal de la firma Karakú SRL, a través de la cual se canalizaron préstamos preferenciales (que produjeron el perjuicio) a los asociados de la Caja, entre mayo y agosto de 2016, por G. 15.000 millones, y que a criterio de la fiscala, los demás miembros del consejo “desconocían” la maniobra.

Ahora queda en manos de la Fiscalía Adjunta decidir si acusa o no a los imputados por lesión de confianza. Para los jubilados querellantes está muy clara la responsabilidad de los que inicialmente fueron procesados por el fraude perpetrado en perjuicio de la Caja de Jubilaciones.

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