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Los acuerdos con las diferentes organizaciones y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fueron firmados por su entonces presidente Ing. Agr. Marciano Barreto (+), en octubre de 2011.
Están imputados por lesión de confianza Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que recibió del Indert G. 1.000.000.000 para un “Proyecto de miniindustria” y un “Proyecto productivo”, que no llegó a los beneficiarios.
Los representantes de la Fundación Nación Guaraní Armando Ignacio Báez y Ronald Guerrero recibieron G. 1.225.000.000 para emplearlo en el proyecto “Apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria”, pero el dinero fue desviado por lo que fueron igualmente procesados.
También fueron imputados Edilberto Saucedo Bernal y Norfirio Núñez Mendoza, de la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), recibieron del Indert G. 663.087.725 para el proyecto de “Apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria”.
Asimismo, fueron imputadas por lesión de confianza Julia Alicia Amarilla Leiva e Hilaria Cruzabie, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), que recibieron G. 180.251.000, en el marco del mismo proyecto que la anterior organización que debió ser utilizado para fortalecer la producción de autoconsumo agrícola.
La Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), representada por María Esther Leiva de Ruiz y Luis Gilberto Ruiz, recibieron del Indert G. 1.009.451.891, que debió utilizarlo para el proyecto “Apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria”.
También fueron imputados por lesión de confianza los funcionarios del Indert que avalaron la entrega de fondos, César González Parini, Javier González Guedes, María Agustina Espínola, Mónica Giménez, Sergio Ortega, Irma Piñánez, Eulalia Cardozo, Luis Ojeda, Jorge Cáceres, Sergio Rodas, Enrique Guzmán y Estela Sosa. Rubén Riquelme, es juez del caso.