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Cárdenas tiene prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, y debe presentarse una vez al mes a firmar el libro de comparecencia en el juzgado. Además, se le impuso una fianza personal al abogado del procesado, José Latorre, de G. 50 millones.
Este proceso se inició luego de que Cárdenas ignoró una orden judicial dictada por la jueza penal de garantías Rosarito Montanía en un amparo de pronto despacho que había promovido Vicente Gómez de la Fuente contra el Indert.
El recurrente había señalado que es dueño de 1.200 hectáreas de tierras ubicadas en Hernandarías y Alto Paraná y acercó documentaciones que avalaban sus dichos, al tiempo de solicitar al Indert los títulos de propiedad.
La jueza Rosarito admitió el amparo y le diera 20 días al titular del Indert para que resuelva el pedido de Gómez de la Fuente.
Como Cárdenas no dio cumplimiento al mandato judicial, la jueza Montanía remitió los antecedentes del caso a la Fiscalía, y se armó el proceso contra el titular del Indert, quien en su defensa dijo que no hubo desacato de su parte y explicó que un desorden en el departamento de asesoría jurídica del Indert hizo que no se cumpliera con la orden.
En el 2015, Cárdenas ya fue imputado por desacato por la fiscala Stella Cano.