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Indicó que las sanciones son de carácter pecuniario de 50 a 100 jornales, que serían más de siete millones de guaraníes. “Con ello se busca desalentar la promoción de las recusaciones cuando son meramente dilatorias, infundadas”, refirió Martínez Simón.
El recusante sancionado deberá realizar el depósito de la multa correspondiente en el plazo de diez días, ante las oficinas de ingresos judiciales del Poder Judicial. También se establece en el artículo cuarto, que el órgano que va a entender en la recusación no pueda ser recusado por la parte que formula la recusación, cuestión que es muy utilizada por los abogados, que buscan inhibir al juez, a los camaristas y a los ministros de la Corte.
El planteamiento de la recusación no suspende el proceso, es decir continuarán todos los actos procesales y el juez no perderá competencia para seguir tramitando el proceso, explicó el ministro. “Muchas veces con la recusación se para todo, por eso con esta ley se busca darle continuidad al proceso”, explicó el ministro.
En la próxima sesión de la Corte Suprema será tratado el proyecto con las modificaciones que quieran introducir los ministros.