La tierra, con sus montes, es para los indígenas su alma, su ser y la fuente de vida. Sin la tierra, son mendigos, no tienen identidad, abandonan su cultura, caen en vicios y viven en la miseria. Los nativos fueron los eternos dueños de estas tierras. Sin embargo, a lo largo de la historia, con la nueva visión de mundo y la organización del Estado, han perdido sistemáticamente su territorio.
Durante el gobierno de Carlos Antonio López (1792-1862), por medio de un decreto del 7 de octubre en 1848, los nativos no solo perdieron el derecho ancestral sobre sus territorios, sino también dejaron de existir como pueblos y se convirtieron en ciudadanos sin tierra e identidad. Con esta normativa se inició una sistemática persecución a los mismos para apoderarse de sus tierras. Al término de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-70), la firma Carlos Casado, en el Alto Paraguay; y La Industrial Paraguaya SA, en la zona de Alto Paraná, se apropiaron de millones de hectáreas y se agudizaron las persecuciones a los naturales.
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954- 89) se intensificó el drama, y para expulsarlos de sus hábitat, se organizaron verdaderas cacerías, como las que sufrieron los ayoreos y los aché.
Si bien estos atropellos y asesinatos nunca frenaron, en 1981 se logró un paso muy importante con la promulgación de la Ley 904, Estatuto de las Comunidades Indígenas, cuyo fin primordial fue asegurar la tierra comunitaria para los nativos. Una década después, ya con el advenimiento de la democracia, lograron que todo un capítulo de la Constitución defienda sus derechos “como pueblos anteriores a la formación del Estado paraguayo”.
Todas estas normas jurídicas fueron utilizadas para asegurar la tierra. Paralelamente, también, se produjeron grandes negociados a nombre de ellos. Se adquirían tierras sobrefacturadas, inservibles y hasta sin ubicación geográfica, y se robaron millones de guaraníes.
La lucha de décadas por la tierra encuentra hoy a los nativos asentados sobre una interesante extensión territorial. Según el Instituto Paraguayo del Indígena, son propietarios de 1.065.000 hectáreas. La ONG Tierraviva dice que 815.000 hectáreas están ocupadas en el Chaco, mientras que en la Región Oriental, más de 250.000 hectáreas están a nombre de los nativos.
El acceso legal a la propiedad fue muy significativo para los indígenas. Con la Ley 904 muchos aseguraron parte de su territorio. En contrapartida, la tierra en manos de los nativos, sin recursos ni técnicas para aprovecharla, hoy está cayendo en la trampa de los especuladores. Tentados por las ofertas de dinero, primeramente cedieron ante los madereros, quienes se apropiaron de los rollos hasta aniquilar sus reservas boscosas.
Sin los bosques y la consabida falta de apoyo, tampoco se resistieron a la plata de los sojeros, quienes aprovechando su ignorancia y pisoteando la propia Constitución –que prohíbe el arrendamiento de los territorios nativos– hoy han destruido por completo miles de hectáreas de los aborígenes. En tierras en las que alguna vez habían montes, hoy se extienden gigantescas plantaciones de sojas.
El nuevo negocio
El alquiler de tierra es el nuevo negocio y la trampa que los sojeros tienden a los indígenas. Con un poco de plata y víveres convencen a los caciques y estos ceden los lotes. El beneficio solo llega a los dirigentes y a un reducido grupo. Sin gran parte de su territorio, arrinconados en una porción de tierra, los marginados de los beneficios, no tienen otra alternativa que desplazarse hacia las ciudades y vivir como mendigos.
En los últimos 10 años más de 3.000 indígenas se han mudado prácticamente de forma a sitios urbanos, la gran mayoría en la Región Oriental. Son de las etnias Ava Guaraní y Mbya Guaraní, que provienen de los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. Se han asentado en puntos estratégicos de las grandes ciudades (Asunción, Oviedo y Ciudad del Este). Están en lugares donde son visibles, cruces importantes, vertederos, cercanías de lugares emblemáticos para la sociedad y el país, como Terminal de Ómnibus, Conmebol, estación central del ferrocarril o la Plaza Uruguaya.
La presencia en las calles y la reivindicación de sus derechos apuntan a objetivos determinados: tierra para la producción, viviendas, salud y educación. Ya se ha dicho mucho acerca de los despojos de los que han sido víctimas, pero por alguna extraña razón, pareciera que hoy día nadie quiere ver que el más grande tesoro, la divinidad más importante para los pueblos guaraníes, su tierra, sigue siendo sometida a todo tipo de vejaciones. Lo que se hace a sus tierras, a sus comunidades, al final de cuentas, es lo que ellos salen a mostrar a las calles en un lenguaje silencioso.
La apropiación, usurpación de sus tierras por parte de inescrupulosos, es hoy la constante en todos lados, pero con mayor intensidad en Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú (ver en infografía el caso de los mbya, en el quinto departamento)
En Caaguazú, son 60 comunidades, 9.000 personas aproximadamente. Están distribuidos en 16 de los 22 distritos. La mayoría de los nativos poseen tierra, algunas extensas, otras reducidas.
Pero, quienes ya la tienen no consiguen producirla en su totalidad. La trabajan, la producen, cada quien la necesita para sobrevivir, porque es sabido que su relación con la tierra es de coexistencia: ambos deben vivir, y por mucho tiempo. En cambio, en la otra cultura instalada por los sojeros, el relacionamiento es diferente. Los indígenas ven la tierra como un bien, en tanto, los sojeros como recurso, para ganar más y más.
¿Pero, cuál es el problema con el alquiler? La respuesta es sencilla. la Constitución en su Capítulo V es claro: las tierras indígenas son intransferibles, inembargables, inhipotecables, no se pueden alquilar o usurpar.
Nulo beneficio
Los que entienden y se dedican al rubro sojero dicen: producir una hectárea cuesta 400 dólares. Si la cosecha es buena, produce 1.200 dólares por hectárea. Restados los 400 que invirtió, la ganancia es de 800 dólares por hectárea.
El indígena, en cambio, percibe en concepto de alquiler solo 1.000.000 de guaraníes (225 dólares) por hectárea por año. El patrón, en un año, siembra dos veces y cosecha dos veces. Entonces, su ganancia anual por hectárea en tierra indígena es de 1.600 dólares por hectárea.
Esta es la razón por la que resulta tentador para los sojeros destruir territorios indígenas. El Indi y la Fiscalía General del Estado deben ser implacables contra los inescrupulosos que se aprovechan de los nativos. Desentenderse de la situación no hará otra cosa que alentar la miseria y el éxodo a las ciudades, donde los indígenas pierden su identidad y caen en los vicios.
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