Junta asuncena insiste en prohibir basura de otras ciudades en Cateura

El contrato de concesión de la Comuna a la empresa Empo data del 2005. Dicta en su cláusula segunda que entre los servicios que deberán ser prestados en el momento de la entrega de la orden de inicio a Empo está la construcción de la planta de transferencia con su correspondiente licencia ambiental. Además, la empresa debe encargarse del cierre definitivo de Cateura.

Sin embargo, esto no se cumplió hasta la fecha. El concejal Ullón explicó que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, una estación de transferencia y planta de separación y clasificación en Cateura cuesta G. 15.750 millones y la remoción y clausura del relleno sanitario para su cierre, G. 5.850 millones; lo que da G. 21.600 millones, dinero que Empo debería a la Comuna, según Ullón.

A esto se suma que la Junta Municipal emitió una resolución hace dos semanas en la que prohíbe el ingreso de basura de otras ciudades (Capiatá, Itauguá y Limpio) a Cateura, debido a que no está estipulado en el contrato, según argumentaron los concejales. La Intendencia aún no la ha promulgado o vetado.

En la sesión de ayer, los concejales reiteraron el pedido de prohibición mediante minutas y en un extenso debate, momento en el que el edil Ullón acusó y presentó documentos contra la empresa Empo.

Estuvieron presentes los recicladores de Cateura. Su representante, Dominga Céspedes, indicó que están preocupados ya que de no ingresar más la basura del área metropolitana, ellos serían los principales afectados.

La seguirán recibiendo

Por su parte, Enrique Ortuoste, directivo de Empo, aseguró que la empresa tiene licencia ambiental de la Seam para seguir realizando la disposición final en el predio de Cateura. Además, afirmó que seguirán recibiendo basura de otros municipios, lo que ya han comunicado a la Municipalidad.

Confirmó que sí deben construir la estación de transferencia en Cateura, pero dijo que primero se necesita habilitar un nuevo terreno para hacer la disposición final de residuos.

Explicó que en el 2005 compraron tierras en Nueva Italia con ese fin, pero que debido a ataques de vecinos no se pudo concretar la construcción. Luego, en el 2016 buscaron emprender las obras en Villa Hayes, donde también surgieron problemas con vecinos y hasta con otra empresa, agregó.

Ortuoste expresó que sería bueno que los concejales se informaran antes de acusar y comentó que este es un problema complicado que arrastran desde hace años.