Niñas embarazadas fueron víctimas de una violación

La trabajadora social y actual directora de la organización Callescuela, Norma Duarte, reflexiona sobre los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y dice que el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de esos derechos. “Acá no hay medias tintas, si la familia no tiene condiciones es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas”.

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“Yo no quiero que mi hija de 12 años sea abusada, maltratada, humillada por un adulto y que ella se calle y sufra porque ‘debe obedecer’. De ninguna manera; yo quiero que mi hija sepa que debe denunciar, recurrir a personas de confianza, hablar, cuando un adulto la hace sentir incómoda, la humilla o le niega el ejercicio de sus derechos. Es decir, el conocimiento de sus derechos y la apropiación de herramientas, de información para hacer cumplir esos derechos, los vuelve más capaces de protegerse frente a los abusos de poder: llámese abuso sexual, explotación laboral, maltrato intrafamiliar, bullyng ”, comenzó diciendo la trabajadora social Norma Duarte, para poner en perspectiva el tema del embarazo en la adolescencia, porque tiene que ver fundamentalmente, según Norma Duarte, desde la perspectiva de la experiencia de tantos años de trabajo con la infancia más castigada por la pobreza y las desigualdades sociales.

Ausencia del Estado

La directora de la organización Callescuela señala que los niños y las niñas tienen derecho al acceso a la información sobre sexualidad. A una información clara, objetiva y contrastable con la realidad. “Así de sencillo y complicado. Sencillo porque la información está al alcance, pero complicado y complejo porque al facilitar que los niños, niñas y adolescentes accedan a estas informaciones pone en cuestión aspectos como la religión, el poder del adulto, la cultura, las formas de dominación, etc”., añadió.
Se sigue arrastrando la falta de acceso a las políticas públicas con enfoque de derechos, y eso revela el Informe de las Naciones Unidas. “No es casualidad que los porcentajes más altos de embarazo en niñas y adolescentes se dé en las zonas del norte y del Chaco, donde la ausencia del Estado es terrible, no sólo en las políticas de servicios como la salud, sino en educación”, remarca.

Paraguay está obligado en su legislación nacional

La Constitución Nacional y el Código de la Niñez y Adolescencia garantizan la protección a las adolescentes ofreciéndoles educación sexual oportuna y formativa, no meramente informativa; servicios de salud a las adolescentes al menos en los principales centros cabecera de salud en los departamentos y de protección contra el abuso sexual y la explotación. Paraguay ya fue observado y se ha recomendado que revierta estos índices por el Comité de Derechos del Niño y por el Comité contra todo tipo de discriminación contra la mujer (CEDAW). Los altos índices de embarazo actual evidencian una falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones, lo que lo hace que estas situaciones puedan ser denunciadas y exigidas, incluso en estrados internacionales.

“Entonces, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes sean considerados sujetos de derechos trae consigo la posibilidad de sacar al niño del ámbito exclusivo de lo privado, del adentro de la casa o de la familia y convertirlo en un sujeto titular de derechos, y cuando hay una violación de esos derechos, como dice la Constitución Nacional: La familia, el Estado y la Sociedad tienen responsabilidades. Pasa del ámbito de lo privado al ámbito de lo público, y eso es un avance importantísimo, porque se garantizan mejor sus derechos”, puntualizó Duarte.