Alice Delgadillo, secretaria general de la Municipalidad, y Alfredo Benítez, director de comunicación de la entidad, informaron que el intendente municipal podría recurrir al Poder Judicial (en lo contencioso administrativo) si la Junta Municipal se ratifica en la resolución por la cual rebaja el costo de la inspección vehicular en un 50% y amplía el plazo de concesión de Ivesur SA, que fenece en 2018, hasta el 2023.
En el caso de los automóviles, esta reducción significa que en lugar de la tarifa actual, de G. 210.000 se pagará G. 105.000.
Los funcionarios informaron el miércoles que Samaniego vetó, en forma parcial, la resolución de los ediles sobre el caso. Indicaron que el ejecutivo municipal no se quedaría de brazos cruzados si el próximo miércoles la Junta se ratifica en su resolución, tal como indicó ayer que harían, la concejala Myriam Ferreira.
Intentamos hablar ayer con Benito Torres, asesor jurídico de la intendencia, pero no contestó. El conflicto entre Samaniego y la Junta subirá de tono si el primero recurre al Poder Judicial.
Ivesur pierde plata
El gerente de Ivesur SA, Diego Cabral, informó que la empresa solo acepta la resolución de la Junta Municipal, ya que se adecua a la Ley 4856/2012, que modifica la Ley 3850/09, que creó la ITV para todo el país.
No quiso opinar sobre la posición legal que asumirá la empresa si la Junta finalmente acepta el veto de Samaniego. Sin embargo, señaló que podría recurrir al Poder Judicial porque perdió mucho dinero en los últimos años, por la considerable fuga de contribuyentes. Se quejó porque la Comuna de Asunción no evita, mediante un control callejero, que los automovilistas evadan las leyes. Aseguró que, cuando comenzó a implementarse la ITV, en marzo de 2008, la expectativa de fiscalización alcanzaba a unos 120.000 vehículos por año.
Sin embargo, la empresa ahora solo llega a fiscalizar unos 23.000 vehículos por año, según Cabral. Manifestó que para definir la tarifa de la ITV se debe tener en cuenta el número de rodados, los años de concesión y el canon para la Comuna.
Añadió que si la Comuna modifica uno de los factores (la tarifa), lo lógico es aumentar el plazo de la concesión. Aseguró que la Comuna no cumple con la empresa porque no fiscaliza. Este es el objetivo de la Junta al reducir la tarifa, ya que muchos hacen la inspección en otras comunas porque la ITV es más barata (ver infografía).
Por otro lado, miembros de la organización “Poder Ciudadano en Acción”, encabezada por Rosa Martínez de Vacchetta, estuvieron ayer en la Corte Suprema de Justicia para solicitar copia del expediente sobre el amparo constitucional presentado la semana pasada por el defensor vecinal adjunto Edgar Villalba. Preocupa a los integrantes de la organización la dilación que podría sufrir el expediente.