¿A quién culpamos?

La trágica muerte de seis compatriotas en un incendio totalmente evitable en la penitenciaría nacional de Tacumbú deja al descubierto, una vez más, lo atrasado que está nuestro país en todos los sentidos y, fundamentalmente, en cuanto al sistema carcelario.

Sin embargo, este siniestro ya venía siendo vaticinado desde hace varios años por las propias autoridades penitenciarias, judiciales y hasta por los mismos reclusos, que se quejaban del hacinamiento y las precariedades, no solo en Tacumbú, sino en la mayoría de los otros 16 penales para adultos que hay en todo el país.

Entonces, ¿a quién culpamos de esta última tragedia?

La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, recientemente había declarado en emergencia el sistema penitenciario, ordenó el cierre de Tacumbú y anunció un ambicioso proyecto de construcción de seis nuevas y modernas prisiones para 1.000 internos cada una, cuatro en Emboscada y las otras en Coronel Oviedo y Minga Guazú. Incluso habló de una inversión de más de 100 millones de dólares.

Pero desde aquel pomposo anuncio, hace cuatro meses, ¿qué más hizo la cartera de Estado para solucionar el problema? Al parecer, nada.

Por otro lado, la jueza de Ejecución, Ana María Llanes también denunció que el Poder Judicial transfiere G. 1.000 millones al mes al Ministerio de Justicia para el mantenimiento de las cárceles, pero insinuó que ese dinero se malgasta.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia también informó que en los primeros cinco meses de este año entregó casi G. 22.000 millones al Ministerio de Justicia y que durante todo el año pasado la cartera de Estado recibió también más de G. 61.000 millones para inversiones.

Con este escenario, parecería ser la ministra Bacigalupo la principal culpable. Pero al analizar mejor el problema, también habría que preguntarse qué hizo el Poder Judicial para descomprimir la población penal paraguaya, que en el 80% de los casos sigue sin una condena.

Mientras los fiscales y jueces igualmente sigan enviando a la cárcel a miles de sospechosos, sin ocuparse después de darles un seguimiento a sus procesos, la morosidad judicial irá en aumento y la situación de hacinamiento va a ser aún peor. A este ritmo, ni 50 presididos serían suficientes.

Ahora ya es un poco tarde para llorar a los seis paraguayos fallecidos en Tacumbú, pero sí es aún temprano para que las autoridades se pongan de acuerdo y trabajen para mejorar el sistema penitenciario, que componen actualmente más de 13.000 reclusos, algunos de los cuales podrían ser las siguientes víctimas de la desidia.

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