¿Callejones sin salida o cuellos de botella?

La tapa que publicó este diario el pasado martes me alarmó sobremanera. El título principal estaba dedicado al anuncio del gobierno de que invertirá más de mil quinientos millones de dólares en obras de infraestructura. Justo debajo, una foto desoladora de obras negras bajo agua en el faraónico proyecto de edificios para ministerios, en la zona del puerto de Asunción, iniciada en la administración Cartes. 

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Me asaltó una duda: ¿Estamos haciendo lo correcto cuando le reclamamos al Ministerio de Obras Públicas más inversión? Sin duda la economía del país necesita una inyección de dinero y la inversión en infraestructura es la mejor forma de hacerla, pero ¿a costa de fiascos como el metrobús o desastres como complejo edilicio del puerto, que este último en puridad ni siquiera es una obra de infraestructura? 

No le envidio al ministro Arnoldo Wiens la disyuntiva entre dos males: licitar a como dé lugar para invertir cuanto antes y dinamizar la economía del país o tomarse el tiempo necesario (que sin duda será largo, dada la arraigada tradición tramposa) para asegurar licitaciones limpias y transparentes… ¿Atender lo urgente generando un problema a futuro o atender al futuro enojando a todo el mundo en el presente? 

Los empresarios quieren (queremos) la liquidez, el aumento del consumo y el dinamismo y, por supuesto, los trabajadores desean y necesitan los puestos de trabajo que se generan con las grandes inversiones estatales y todos lo queremos ya mismo, antes de que la disminución de la actividad económica se transforme en una crisis… ¿Pero qué vamos a querer y decir cuando la dinámica perversa de las licitaciones corruptas nos deje en herencia dos, tres, cuatro o quién sabe cuántos metrobuses? 

He puesto la obra pública por ejemplo, porque es donde hay mayores volúmenes de dinero y, en consecuencia, mayores tentaciones de corrupción y donde los resultados, como obras inconclusas o desastrosas, son más visibles. Pero este tipo de disyuntivas perversas se producen sistemáticamente en todo el sistema de administración del Estado: salud, educación, seguridad, etc. 

Veamos otro ejemplo: ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación con la dramática falta de maestros? La disyuntiva es contratar a cualquiera para enseñar, idóneo o no, para evitar que los estudiantes no tengan maestros; y así es como se han ido llenando nuestras escuelas de profesorado de pésima calidad o, por el contrario, priorizar la mejora de la calidad de los docentes, lo que inevitablemente extenderá la escasez de maestros en el tiempo. 

Y otro más, en materia de seguridad: ¿Qué tiene que hacer el Ministerio del Interior con la probada ineficiencia de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Disolverla, dejando las zonas conflictivas aún más indefensas de lo que ya están? ¿Reorganizarlas, asumiendo que habrá nuevamente un largo periodo sin resultados? ¿Dejarla en manos de una policía más famosa por los delitos que comente que por los que persigue? ¿Dejar solo a los militares que no están capacitados para la investigación y que, además, ocuparlos en la seguridad interna es dudosamente legal? 

Inclusive dando por supuesta la idoneidad y la honestidad de quienes tienen a su cargo tomar las decisiones (cosa que en nuestro país requiere bastante buena voluntad en algunos casos y verdadera ingenuidad en otros) se trata de callejones sin salida que obligan a elegir entre malas soluciones. Como de costumbre, el origen del problema está en el deterioro progresivo y acumulativo de las instituciones que, cada vez más, obligan a quienes las dirigen a hacer las cosas mal y les deja menos margen de maniobra para hacer las cosas bien. 

He usado varias veces la expresión “callejón sin salida”, pero en realidad son más bien cuellos de botella a los que bastaría con quitar el tapón para que, en un lapso de tiempo razonable, se pudieran tomar las decisiones correctas en el tiempo oportuno. El verdadero callejón sin salida, que mantiene todos los tapones cerrados, está en el deterioro tanto de la capacidad como de la ética en el aparato administrativo. 

Compromisos políticos, apaños sectoriales, pago de favores, promesas realizadas a cambio de apoyo y una amplia gama de funcionarios acostumbrados a usar y abusar de sus cargos, hacen que el saneamiento de la función pública aparezca como algo imposible por su altísimo costo político… Pero ¿existe realmente tal costo político? 

Una de las ventajas de nuestra Constitución Nacional es que prohíbe la reelección presidencial… Así que para cualquier presidente de la república el costo político de sus acciones es relativo, ya que no hay futuro político en cargos electivos para ellos. Hasta ahora esa ventaja solo ha sido utilizada para intentar promover necia e inútilmente la reelección a cualquier precio. 

¿No habrá algún mandatario que quiera pasar a la historia, en lugar de pidiendo disculpas por haber malgastado esfuerzo y gran parte del tiempo de su mandato en promover una reelección imposible, utilizando la libertad de acción que le da la prohibición de ser nuevamente candidato, para sanear la administración y convertir tantos callejones sin salida en cuellos de botella que puedan enfrentarse, administrarse y corregirse?

rolandoniella@abc.com.py

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