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Finalmente, en su edición número 118 del sábado 18 de setiembre de 1852 –luego de siete años– el editorial se inicia con este párrafo: “Nuestro papel concluye en este número, y al cerrarlo tenemos la íntima complacencia de felicitar a nuestros compatriotas, por la consecución de los tres grandes objetivos de nuestras tareas: el reconocimiento de la Independencia de la República; el acuerdo definitivo de sus límites con la Confederación Argentina, y la libre navegación de nuestro pabellón por el río Paraná y sus afluentes”.
Gran triunfo del gobierno de Don Carlos, sin duda, apoyado en la prensa cuya importancia percibió plenamente. Y ahí se quedó. Cerró “El Paraguayo Independiente” que podía seguir siendo el formidable vehículo de la opinión ciudadana. Tampoco dio lugar para que otro cumpliese con tan valioso rol. Al contrario. En la Constitución de 1844, redactada por Don Carlos, en el Título X “Ordenanzas Generales”, artículo 8, leemos: “Para establecer imprenta de particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno, dando el dueño o el administrador una fianza de dos mil pesos, bajo la cual se comprometa cumplir con los reglamentos que le diere el Gobierno de la República”.
Con esta disposición se clausura toda posibilidad de que la población pueda expresarse a través de la prensa. Cuando se promulgó esta Constitución en 1844, la libertad de expresión, tal como la conocemos hoy, ya llevaba más de medio siglo en el mundo a partir de la Revolución Francesa de 1789, cuya Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en su artículo 11, expresa: “La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre, en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”. El Dictador Francia y Don Carlos conocían este documento de valor universal.
Recién la Constitución de 1870 reconoció a los paraguayos el derecho de la libre expresión, pero en 1940 el general José Félix Estigarribia la sepultó con “su” Constitución. El artículo 31 dice: “La edición y publicación de libros, folletos y periódicos serán reglamentadas por la ley. No se permite la prensa anónima”. Una serie de condiciones dictatoriales regían para impedir la libre expresión ciudadana.
Esta Constitución de Estigarribia cayó en manos de Higinio Morínigo y luego de Alfredo Stroessner, que la exprimieron en contra de los derechos básicos del pueblo.
En 1967 se dictó una Constitución que reconocía la libertad de prensa y de expresión. Reconocimiento que para nada sirvió. El artículo 79, que establecía el estado de sitio, y las leyes 209 y 294, eran más que suficientes para atropellar los derechos humanos y, en particular, la libertad de prensa y expresión.
Con la actual Constitución, de 1992, por fin están plenamente garantizados los derechos de las personas en general, y de los profesionales de la prensa en particular, para expresar libremente sus ideas y pensamientos.
Y así, brevemente relatado, es posible imaginarse los padecimientos de la prensa que desde la vida independiente del país –salvo desde la caída de la dictadura– casi no tuvo ocasión de cumplir con su finalidad de ayudar al desarrollo intelectual y material de la República.
Entre muchos obstáculos el periodismo paraguayo venía abriéndose camino para llegar hasta hoy en que le es posible prestar su voz a quienes no la tienen. No es perfecto, desde luego, pero al menos pone al descubierto las debilidades de nuestras instituciones con el afán de fortalecerlas y sirvan plenamente a nuestra democracia.
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