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Me pregunto qué hace un cura allí con estola violeta e hisopo en la mano esparciendo agua bendita a un lado y a otro. ¿No establece la Constitución Nacional que tenemos un Estado laico y asegura la más estricta separación entre Iglesia y Estado? Algunos fruncirán la nariz por estas afirmaciones. Pero que quede claro: no cuestiono la presencia del sacerdote en el acto empujado por un sentimiento de agnosticismo. Hago el reclamo porque me resulta incomprensible que la Iglesia termine comprometiéndose con la corrupción del Estado asistiendo y bendiciendo sus actos.
La elección de Sandra Quiñónez está lejos de ser clara y transparente. En declaraciones a este diario dijo defendiendo su nombramiento: “He pasado por el Consejo de Magistratura, he presentado mis documentos como cualquier persona. Luego la terna fue elevada al Ejecutivo y la Constitución Nacional establece claramente que es el señor presidente el que tiene que enviar al Senado el nombre de quien sugiere”. Todo muy legal. Solo que ella, entre todos los aspirantes a dicho cargo, ocupó el lugar número sesenta. Es decir, hubo cincuenta y nueve personas con más méritos y mejores calificaciones para ocupar el cargo. Desde luego que no hay ningún impedimento en su contra, solo que no vemos con claridad por qué motivos se saltó tantos puestos para llegar primera a la línea de la meta.
También dijo que “el compromiso es bastante grande, empezando por el hecho de ser la primera mujer que accede a ser titular de la Fiscalía”. Pues sí, justamente en estos días en que las mujeres de todo el mundo salieron en defensa de sus derechos no debe pasar desapercibido que Quiñónez llegó a este puesto, pero en realidad lo que nos interesa saber no es su sexo, sino su capacidad y, sobre todo, su disponibilidad para luchar contra la corrupción que carcome de manera voraz e inexorable todas las instituciones de la República, incluyendo de manera muy especial la que ahora le toca presidir.
Existen muchos indicios que nos llevan a pensar que esta elección no ha sido la más acertada y que los intereses de la gente no estarán debidamente a salvo en estas manos. Un ejemplo muy cercano es el del exfiscal general Javier Díaz Verón y su familia a quienes se les investiga por enriquecimiento ilícito. Los caminos que va siguiendo el juicio hacen presumir que muy pronto todo se diluirá en la nada. En pocas palabras: las promesas de “limpiar la casa” y de “luchar contra la corrupción” como pasos urgentes que dar, no son convincentes. Lo hemos oído miles de veces y miles de veces hemos visto cómo las palabras se las llevaba el viento.
Por todos estos motivos sería recomendable observar al pie de la letra esto de la separación de la Iglesia del Estado; no solo porque lo dice la Constitución, sino porque se está comprometiendo, seriamente, una institución, la Iglesia, que tendría que permanecer ajena a estos avatares políticos. Los obispos han prometido encarar el tema de la corrupción en su próxima asamblea. Pero mientras sigan participando del sistema y echando sus bendiciones, poca o ninguna confianza les seguiremos teniendo.
jesus.ruiznestosa@gmail.com