Noticias de Makutinga

Cada tanto es noticia la comunidad mbya guaraní Makutinga del distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa. Porque fue invadida por campesinos, fue escenario de algún despliegue policial con tiroteos incluidos o porque algún sojero le puso el ojo a las apetecibles tierras, que, según el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), le pertenecen a los nativos.

El conflicto legal entre los nativos y un particular, Antoliano Sánchez, ya lleva unos 15 años. Sánchez reclama la propiedad de 443 hectáreas, pero los nativos afirman que forman parte de las más de 763 hectáreas que pertenecen a la comunidad.

En torno a este conflicto se tejió un enmarañado proceso judicial, con idas y venidas sin visos de solución, y en el cual lo más probable es que termine sacando ventaja quien esgrima “argumentos” de mayor peso en “metálico”. Una repudiable impronta de nuestro malhadado sistema legal.

En estos momentos, dando cumplimiento a un oficio judicial de abril de 2016, más de 50 policías, incluido el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y diez patrulleras, hacen guardia en el lugar para resguardar las labores agrícolas que realizan dos productores de soja (Javier Zavala y Plinio Pereira).

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Para quien se pregunte sobre la “mecánica de razonamiento” judicial y policial que dispone semejante distracción de fuerzas pagadas por el Estado paraguayo en beneficio de un caso particular, mientras la ciudadanía vive una creciente ola de inseguridad, existen algunas referencias que pueden ayudar al análisis. 1) Productores de la zona afirman que estas tierras se cotizan en unos 10.000 a 15.000 dólares la hectárea, dependiendo del momento económico; calculando por lo bajo, el predio vale unos cuatro millones de dólares; 2) El nivel de rendimiento ronda los 800 kilos/ha de soja, lo que multiplicado por las 400 del fundo en litigio dan unas 320 toneladas. Con el precio de la oleaginosa en los 300 dólares por tonelada, tenemos un estimado de 96.000 dólares, en una cosecha.

Un predio de semejante valor, donde se pueden obtener casi 100.000 dólares en un periodo de cuatro meses -por supuesto que se deben descontar los gastos- puede resultar explicativo de ciertas movidas y decisiones en torno al caso.

Entretanto, pese a estar virtualmente sentados sobre una mina de oro, los nativos viven en la indigencia y carestía absolutas, sin que esto inquiete a las instituciones que supuestamente se ocupan de su bienestar. Algo no huele bien en este asunto.

jaroa@abc.com.py

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