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Desde noviembre del año 2015 tuvieron a su cargo denuncias contra el intendente municipal de San Lorenzo, el colorado cartista Albino Ferrer. Riveros debe investigarlo por presunta mala utilización de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y Figueredo por supuesto enriquecimiento ilícito.
Casi tres años después no avanzaron en las investigaciones. Una vergüenza. Actuaron a pasos de tortuga en sus investigaciones y dieron lugar a que se “borraran” pruebas o evidencias en caso de que hayan existido.
Resulta inadmisible que personas tan despreocupadas de su labor, más que importante para la sociedad, sigan ocupando cargos preponderantes que deben erradicar la corrupción que es el cáncer que carcome a la sociedad. Gracias a la impunidad que generan fiscales como Riveros y Figueredo es que existen cada vez más hombres y mujeres sin capacidad, sin espíritu de servicio y corruptos enseñoreándose en las instituciones públicas.
Si no están en condiciones de hacer su trabajo, sea por incapacidad, temor o presiones, antes de que sean echadas de sus puestos, y si les queda algo de dignidad, ambas fiscales deberían renunciar y de esa manera le harían un bien a la sociedad. Nuevos aires soplan en nuestro país y los ciudadanos de bien, que trabajan y pagan sus impuestos para mantener a los funcionarios, ya no están en condiciones de tolerar a los zánganos e ineptos que se prestan para que los sinvergüenzas sigan campantes esquilmando al pueblo.
antonia@abc.com.py