¿Romper disciplina fiscal con crecimiento del 4%?

El nivel de endeudamiento manejable, la baja inflación y el adecuado caudal de reservas internacionales fueron presentados, en reiteradas oportunidades, como los sólidos fundamentos de la estabilidad macroeconómica de la que goza el Paraguay, y la ley de responsabilidad fiscal (LRF) como el reaseguro de la disciplina fiscal. La intención del gobierno de modificar las reglas fiscales ha causado la reacción negativa de analistas, gremios empresariales y organismos multilaterales, pues no resulta claro por qué se debería ampliar el límite del déficit fiscal cuando se mantiene una estimación de crecimiento económico de 4% en 2015.

Desde luego que el cumplimiento de la LRF no iba a ser fácil. Desde el momento que en el Paraguay no existe prelación de leyes, la LRF no garantiza plenamente la disciplina fiscal, pudiendo darse situaciones diversas. Es posible que el Poder Legislativo modifique la ley no necesariamente en casos de crisis o emergencia, sino por motivos políticos. O que se incurra en déficit permanente dentro del límite de la LRF y que ello constituya un problema para reaccionar con rapidez frente a una eventual recesión, más aún si la situación fiscal comprende un creciente endeudamiento. Pero lo llamativo en este caso es que el Poder Ejecutivo busque alterar la LRF en el primer año de vigencia, lo que suscita varias dudas y preguntas.

Para hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico en un contexto regional que se ha complicado con la crisis de Brasil, se planteó una política de fuerte expansión del gasto del gobierno. Es cierto que el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) este año va a ser menor a lo estimado inicialmente por el Banco Central del Paraguay, como lo adelantaron tempranamente algunas consultoras. ¿Pero cuál es el grado de desaceleración o caída del PIB que justifica una expansión fiscal de gran magnitud con objetivos contracíclicos? ¿Y cuál es la duración estimada de dicho choque externo?

¿Es necesario alterar el plan financiero porque realmente existen presiones muy fuertes para acelerar los gastos corrientes, al mismo tiempo de mantener alta ejecución de los gastos de capital, o simplemente porque el plan vigente no garantiza el cumplimiento de la meta del déficit fiscal de 1,5% del PIB?

¿La menor recaudación de impuestos se está registrando porque el Iragro y el IVA agropecuario no alcanzan los optimistas rendimientos esperados o porque la estimación de ingresos está distorsionada por la incorporación del crédito tributario?

¿Qué pasa con la lucha contra la evasión fiscal? La recaudación aduanera no contribuye en el nivel esperado por la autoridad tributaria, la lucha contra el contrabando no muestra efectividad y no se vislumbran mejoras, poniendo en entredicho la afirmación de que hay que combatir la evasión antes que tocar los impuestos.

También la política de acelerar las obras públicas, principalmente las de infraestructura vial, sin tener definido plenamente sus fuentes de financiamiento futuro, provoca interrogantes. ¿Es sostenible este ritmo de inversión sin mejorar los ingresos? ¿La megaexpansión de la inversión pública para combatir la desaceleración económica está acorde con la capacidad de gestión pública actual? Esta modalidad de empezar varias obras tiene riegos fiscales de fondeo para los siguientes años y empuja a aumentar el endeudamiento. Además, no debe perderse de vista que mayores niveles de gasto en infraestructura implican mayores gastos de mantenimiento que presionarán sobre las finanzas públicas.

Resulta evidente, asimismo, que el endeudamiento con bonos soberanos es mayor que la capacidad de utilizar los fondos obtenidos, con las implicancias del mayor costo financiero por mantener recursos ociosos, de riesgos fiscales en las asignaciones a empresas y entidades de créditos y de importantes diferencias de tasas de interés con las opciones de préstamos de organismos multilaterales.

Aunque no resulta fácil conocer las proyecciones financieras, con inversiones que demandarán mayor endeudamiento, crecientes pagos de intereses por los bonos y pasivos contingentes que pueden derivar en serios riesgos fiscales, lo más probable es que el próximo gobierno se vea obligado a tomar medidas drásticas e impopulares para volver a ordenar la casa.

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