Saben cómo hacerlo, pero no lo hacen

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización criminal seudoguerrillera, que dice luchar por los pobres pero que en realidad solo perjudica a los humildes y causa un innecesario dolor a mucha gente inocente.

Su formación data de mediados de los años ‘90, aunque como la “banda de Choré”, que perpetró un fallido robo en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de dicha ciudad el 15 de diciembre de 1997.

Desde entonces, el grupo cometió 65 delitos, aunque recién desde marzo de 2008 opera con la denominación actual.

En total, el EPP perpetró cuatro secuestros extorsivos, asesinó a 10 policías y a 15 civiles, pero también registró cinco bajas. Los criminales aparecieron 33 veces en 20 estancias distintas y hasta se dieron el lujo de materializar ocho ataques contra destacamentos de las fuerzas de seguridad del país.

Sin embargo, el Gobierno no parece sensibilizarse y tampoco da muestras creíbles de una eventual reacción, ni después del último atentado de los secuestradores en que murió Luis Lindstron (63), en Tacuatí.

Tras el asesinato de este hacendado, el actual presidente, Federico Franco, y su ministro del Interior, Carmelo Caballero, se desplazaron un par de veces hacia la zona del conflicto y ordenaron un aparatoso e inútil despliegue policial-militar.

Como tirando la toalla al piso, Franco reconoció que ve aún lejana la posibilidad de acabar con el EPP, a lo que su ministro añadió que los criminales se mueven en un área de al menos 500.000 hectáreas, principalmente entre los departamentos de Concepción y San Pedro, justificando su inoperancia.

Posteriormente, el primer mandatario “reveló” una gran verdad: ¡al EPP no se lo combate solo con las armas, sino también con la presencia del Estado!

A casi 16 años del primer golpe asestado por el grupo, esta aseveración más que obvia hecha por Federico Franco en Tacuatí impone replantear la estrategia del Gobierno en su infructuosa lucha contra los seudoguerrilleros, que definitivamente no debe limitarse solo a trabajos de inteligencia, incursiones, allanamientos y detenciones.

Entonces, si Federico tiene la clave y ya sabe cómo se debe actuar contra esta gavilla, ¿por qué el EPP sigue causando tanto sufrimiento, especialmente en el Norte del país, donde los delincuentes mantienen tentáculos en zonas a las que el Gobierno nunca llegó con obras y desarrollo?
Si es que verdaderamente hay voluntad política para exterminar al EPP, el titular del Ejecutivo debería empezar haciendo lo que él mismo plantea: marcar presencia del Estado en las áreas de influencia del grupo criminal.

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