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Los casos de 789 víctimas tuvieron cinco años de tribunales en el megajuicio conocido como el mayor proceso de la historia argentina. Por primera vez los jueces condenaron a 54 de los imputados a cadena perpetua por crímenes múltiples, como asesinato, tortura y secuestro. Ahí estaban, en el juicio, los otrora temibles criminales Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Daniel Arru, D’Agostino, Di Paola, Gonzalo Torres y otros condenados por su responsabilidad material en los vuelos de la muerte, denominados así por el hecho de haber arrojado al mar a los prisioneros políticos.
Cuenta la crónica que en una planta de arriba del edificio, sede del juicio, estaban los familiares de los militares, quienes aplaudían y lanzaban vítores mientras que abajo, las familias de las víctimas gritaban asesinos y cantaban: “como a los nazis/ les va a pasar/ adonde vayan/ los iremos a buscar”.
Con este juicio, Argentina se pone nuevamente al frente de los países con firmeza judicial para enfrentar los siempre complicados casos de atropellos a los derechos de las personas, que gracias a la firme acción y postura de la sociedad civil no cae en lo que aquí conocemos como el oparei (impunidad).
Ya en los años 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina se erigió en modelo mundial de castigo a los violares de derechos humanos con la actuación admirable del fiscal Julio César Strassera, a quien cupo investigar e incriminar a los miembros de la poderosa Junta Militar, que sojuzgó al país con un régimen de terror. Pasó luego por períodos de indultos e impunidad para luego volver a los juicios de lesa humanidad con las condenas por el Plan Cóndor y por la apropiación ilegítima de niños, hijos de víctimas de la dictadura.
Sin embargo, agentes de oposición señalaban en 2015 que según el informe oficial existen 1373 agentes procesados, acusados y condenados, pero solo 344 han sido alguna vez condenados y solo 163 recibieron alguna vez una condena de presidio efectivo, quedando en la actualidad 117 detenidos solamente.
No obstante, así como los criminales utilizan todo tipo de resortes para burlar la ley, la sociedad argentina no descansa en su afán de que haya justicia por las 30 mil víctimas de la dictadura militar. En el mes de mayo pasado, se movilizaron masivamente para impedir que la Corte Suprema valide una medida que permite reducir las penas de los condenados por la represión. El Parlamento lo neutralizó ese mismo día y el presidente Macri lo refrendó después.
Muchos abuelos, padres e hijos de las 789 víctimas, cuyos cuerpos fueron lanzados desde arriba al mar habrán podido, por fin, dormir sin pesadillas luego de esta sentencia histórica.
!Cuidado violadores de los derechos humanos¡, !cuidado corruptos enriquecidos con dinero del pueblo! Cuando sopla el viento sur, generalmente llega por estos lares, no tan gélido como el origen, pero igualmente frío como las rejas de Tacumbú.