Y que se haga la luz...

El 2018 quedará en la memoria como el año en el que el Acceso a la Información Pública dio avances importantes en Paraguay, pero también como el año en el que quienes deberían velar por el control de la cosa pública dieron férrea lucha por frenar la marcha de este derecho humano.

La Contraloría General de la República, encabezada por Enrique García, dio manotazos y saltos cuádruples para evitar entregar las Declaraciones Juradas de quienes ocuparon los cargos públicos más importantes de la República en los últimas 20 años.

Tras dos años de evasivas a sendos pedidos de Acceso a la Información Pública, el juez Rubén Riquelme dio un paso vital en mayo pasado cuando ordenó a la institución a hacer pública esa información. Un camino por el que luego transitaron los magistrados Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans para confirmar la sentencia en segunda instancia.

Con ello, se deberían de haber acabado las excusas para que García se niegue a entregar la información. Aún así, fue hasta la Corte Suprema de Justicia para no cumplir.

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García no solo quiere evitar entregar las declaraciones, sino que se quiere llevar puesta la Ley de Acceso a la Información Pública, buscando el retroceso de este derecho y pidiendo juicios largos. ¡Vaya demócrata!

La Corte y los cartistas casi hicieron de las suyas. Intentaron frenar un proyecto de ley para hacer pública esta información.

Que los ciudadanos podamos acceder a las Declaraciones Juradas es vital para la democracia. Con ellas se podría incidir en la prevención, detección y disminución de los actos de corrupción. Si esta información dejara de estar escondida bajo llaves de forma inconstitucional, numerosos casos de enriquecimiento ilícito hubieran sido detectados hace demasiado tiempo.

A eso es lo que temen los políticos, representados en esta oportunidad por Enrique García, quien probablemente pasará a la historia como el peor contralor de la era democrática. Temen al poder ciudadano que este año ya tumbó a varios.

Como bien señaló Pedro Mayor Martínez en su sentencia, acceder a esta información “tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común”.

Que el 2019 llegue con una resolución definitiva de la Corte Suprema a esta situación y que sea en pos del Acceso a la Información Pública. Que la luz de la transparencia siga entrando a la caja oscura del Estado paraguayo para desinfectar a un país tan sufrido.

Y si alguien no le gusta, a su casa. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia.

Que se haga la luz, una vez más.

juan.lezcano@abc.com.py

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