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Las limitaciones de la justicia están claramente reflejadas en el expediente "J. y otros sobre maltrato", abierto a la señora María, cuyo apellido reservamos en cumplimiento de la disposición del Código de la Niñez que prohíbe la difusión de datos que puedan identificar a los niños.
Esta causa tiene relación con la explotación de los hermanos J., J., G., M. y F., de 11, 10, 9, 7 y 1 año, quienes son constantemente observados mientras hacen piruetas o venden estampitas en la avenida Mariscal López, en las inmediaciones de la plaza Infante Rivarola, o suben y bajan de los ómnibus que circulan por la mencionada avenida.
El informe elevado a la justicia por la Secretaría de la Niñez el 18 de noviembre del 2010, señala que los niños faltan constantemente a la escuela y trabajan hasta altas horas de la noche.
En la nota, un dato sumamente importante, que alerta la necesidad de evitar un eventual abuso sexual a las niñas.
"Las niñas se bañan en un arroyo cercano al lugar, conocido como zanja 8 metros, donde muchos otros niños de distintas edades también lo hacen. La situación fue advertida a la madre, pero igual se repite", refiere el informe.
Ante la gravedad del caso, la defensora de la Niñez Marina Sorensen, tomó cartas en el asunto. Con el objeto de alejar a los niños del peligro inminente y resguardarlos de la explotación diaria, solicitó ubicar a los niños en un abrigo.
Sin embargo, la medida no tuvo el resultado esperado debido a que en los pocos hogares existentes no hay lugar. Esta dificultad está consignada en la denuncia presentada por la defensora Soerensen ante un juzgado de la Niñez.
La legislación establece que los hermanos deben permanecer unidos, lo cual también limita la ubicación de los niños, puesto que algunos hogares que sí tienen plaza, como el de la Codeni, es para niños de hasta cinco años de edad.
Finalmente, el caso vuelve nuevamente donde empezó, con un pedido a la SNNA para la ubicación de un hogar donde derivar a los niños.
Recibe canasta y efectivo
María, la madre de los niños J., J., G., M. y F., trabaja a veces de empleada doméstica. Informes agregados al expediente tramitado ante el fuero de la Niñez revelan que desde febrero del 2010 la misma recibe ayuda mensual en efectivo (G. 420 mil) del programa Tekoporã y una canasta básica del programa Abrazo, a cada mes.
"La negligente madre no solo no ha alejado a sus hijos de la mendicidad, sino que ha incumplido todos los compromisos firmados, lo cual recrudece su indiferencia y comportamiento omisivo", afirma la defensora Marina Soerensen en su denuncia.
Próxima nota: Inacción fiscal.