Hay sospecha de que avioneta de la Corte Suprema es ‘‘mau’’

Una de las dos avionetas incautadas de narcotraficantes y de las que se apoderó la Corte Suprema sería ‘‘mau’’. Esto se desprende de un informe del Departamento de Aviación Civil del Brasil, que señaló que la aeronave con matrícula PT-EUA, que ya se registró en nuestro país como propiedad de la máxima instancia judicial, ‘‘se encuentra aprehendida por la Policía Federal Brasileña y su certificado de aeronavegabilidad está cancelada’’. Se deduce entonces que existen dos aeronaves con la misma matrícula, uno en Brasil y otro en Paraguay. El hecho es grave y debe ser investigado por el Ministerio Público.


El procurador adjunto, Gustavo Dávalos Insfrán, en su informe al procurador general Juan Carlos Barreiro Perrota, había apuntado que el 31 de marzo del 2000 el Departamento de Aviación Civil de la República Federativa del Brasil comunicó a sus pares de Paraguay que la aeronave con matrícula PT-EUA, cuya inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional fue solicitada por la Corte, se encuentra aprehendida por la Policía Federal Brasileña y que se canceló su certificado de aeronavegabilidad.

Este importante documento, que revela la existencia de dos avionetas con el mismo número de matrícula (uno en Brasil y otro en nuestro país), obra en la carpeta de la Gerencia de Seguridad Operacional de la DINAC, según pudieron corroborar periodistas de este diario.

En el dictamen número 1.177/00, la asesoría jurídica de la DINAC señaló que el Departamento de Aviación Civil (subdepartamento técnico) del Brasil informó que la aeronave SENECA II, matrícula PT-EUA, está con su certificado de aeronavegabilidad cancelado desde el 25 de noviembre de 1998 y que actualmente está aprehendida por la Policía Federal del Brasil. Informó además datos referentes a la aeronave como ser: certificado de matrícula 97.94, propietario José Luis Rafaelli Marcelino; fabricante Embraer; año de fabricación 1978; modelo EMB-810C; número de serie 810212.

‘‘Considerando los datos anteriores, se concluye que esa aeronave aprehendida en el Paraguay está supuestamente usando marcas falsas de nacionalidad y de matrícula’’, resaltó la asesoría jurídica de DINAC.

Sin embargo, esta situación totalmente irregular no fue obstáculo para que las autoridades aeronáuticas de Paraguay inscriban el aparato como propiedad de la Corte, otorgándole como nueva matrícula ZP-TDV. Además la DINAC aceptó el nuevo número de serie que estableció la Corte y no la firma fabricante, como disponen las leyes nacionales y normas internacionales, según el procurador adjunto que cuestionó el hecho.

‘‘Se quebrantan las normas internacional y nacionales, habida cuenta de que las aeronaves extranjeras no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves, sin previa constancia de que su inscripción anterior ha sido cancelado y una certificación sobre las condiciones de dominio de la aeronave, expedida por el país de la matrícula que se cancela. Igualmente, se violentan las normas en razón de que la firma autorizada en otorgar el número serial es el fabricante, y no la Corte’’, resaltó el procurador Dávalos en su informe.

Por medio de una nota que lleva fecha 11 de marzo de este año, el licenciado Luis Insúa Ego, director administrativo del Poder Judicial, informó al entonces director de Aeronáutica Civil, Tte. Cnel. Miguel Jacob, que la avioneta Piper PA34, Seneca II con matrícula ZP-TDV (antes era PT-EUA), tiene ahora como número de serie CSJ-E810-01PY, que le fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a la Procuraduría, las leyes establecen que solo la firma fabricante es la que puede otorgar el número de serie a una aeronave. Sin embargo, en este caso la Corte se atribuyó esa facultad.


¿DÓNDE ESTÁ LA AERONAVE?


¿Cuánto gastó la Corte en la reparación de la avioneta? ¿Cuánto le costará el mantenimiento del aparato? ¿Qué uso se le dará a la aeronave? ¿Dónde está la máquina? Estos y varios otros interrogantes deben responder los ministros de la máxima instancia judicial, quienes estarían implicados en violación de leyes y normas internacionales, según el procurador general.

Existen fuertes rumores de que la avioneta estaría siendo utilizada en una zona de Itapúa y en actividades presuntamente irregulares. Sin embargo, solo la Corte puede desmentir o confirmar estas conjeturas.

JUECES ORDENARON A DINAC QUE REGISTRE LAS AERONAVES

Los jueces Bernardo Villalba, de Pedro Juan Caballero, y Carlos Bordón Palacios, de Ciudad del Este, fueron los que otorgaron a la Corte las avionetas incautadas de los narcotraficantes. Además, por resolución judicial ordenaron a la DINAC que registre las aeronaves a nombre de la máxima instancia judicial y al mismo tiempo que expida la matrícula de habilitación.

Villalba, por ejemplo, el 9 de agosto del 2001 ofició al director de la DINAC para informarle que su juzgado asignó a la Corte el avión Piper Séneca con matrícula PT-EUA (todavía brasileña), con motor lado derecho número A 362, bimotor, color blanco, franja azul con celeste. ‘‘Por lo que se solicita disponer el registro pertinente y la expedición de la matrícula para la correspondiente habilitación de la misma, posibilitándola a realizar vuelos internos por haberlo dispuesto así este juzgado’’, resaltó el magistrado en su oficio.

Por su lado, el juez Bordón Palacios, a través del oficio número 164 del 11 de junio del 2002, informó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que su juzgado dispuso la entrega de la aeronave Cessna Aircraft Company, con matrícula PT-JHK, modelo 182P, con serie número 182-62320, año de fabricación 1973, a la Corte Suprema en carácter de depositario judicial.

Esta aeronave también ya está inscripta a nombre de la Corte. Sin embargo, todavía no obtuvo certificado de aeronavegalidad, según indicaron nuestras fuentes.


¿HUBO PRESIONES PARA INSCRIPCIÓN?


Pese a que supuestamente no se cumplieron requisitos exigidos por las normas internacionales, la Corte consiguió que la DINAC registre como de su propiedad la avioneta con matrícula PT-EUA (que luego se modificó). Según fuentes, la máxima instancia judicial habría presionado para la inscripción de la aeronave.

El Lic. Luis Insúa Ego, administrador del Poder Judicial, el viernes último declaró a la prensa que no hubo presión por parte de la Corte Suprema. Dijo que la DINAC no debió inscribir la avioneta si los documentos no estaban en orden.


PREPARAN DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

En el transcurso de esta semana, el procurador general Juan Carlos Barreiro Perrota presentará denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En su ‘‘informe confidencial’’ al presidente Luis González Macchi señaló que las actuales autoridades del Poder Judicial, gracias a jueces complacientes, violaron leyes nacionales, normas internacionales y también la Constitución Nacional para apoderarse de dos avionetas que eran de narcotraficantes, incautadas en procedimientos. El ‘‘informe confidencial’’ del procurador fue publicado por nuestro diario el domingo pasado.


EXISTEN VARIOS INTERROGANTES

La propia Corte Suprema ya hubiera solicitado al Ministerio Público que investigue el grave hecho que denunció el procurador general de la República y que afecta a la máxima instancia judicial, así como procedió en otros casos. Sin embargo, ahora los ministros prefieren ‘‘analizar’’ el informe confidencial que ya les remitió el presidente Luis González Macchi.

¿Qué tiene que esconder la Corte? ¿A qué teme, por eso no pide la intervención de la Fiscalía? La denuncia requiere ser aclarada para deslindar responsabilidades. La supuesta violación de leyes y normas internacionales afecta nada menos a la Corte.

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