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Era el viernes 31 de marzo del 2017. En horas de la tarde, un grupo de 25 senadores se alistaba para dar un mazazo a la democracia paraguaya.
El plan era simple y repetido. Cerca de las 15:00 usurparían la presidencia del Poder Legislativo; se reunirían a “puertas cerradas” en oficinas de la planta baja del Palacio Legislativo, y aprobarían un proyecto inconstitucional de enmienda para habilitar la reelección presidencial.
Reunidos en un salón de pocos metros cuadrados, colorados cartistas, liberales llanistas, luguistas y oviedistas se mostraban sonrientes y desafiantes.
Esa misma noche o temprano en la mañana siguiente, el titular de la Cámara de Diputados, el hoy candidato a vicepresidente Hugo Velázquez (ANR), convocaría a sesión y se sellaría el atropello a la Constitución.
Represión y fuego
Sin embargo, todo cambiaría cuando un grupo de manifestantes llegados desde el PLRA intentó superar el perímetro de seguridad del Senado instalado por cascos azules.
Los antimotines dispararon balines de goma a quemarropa, hirieron al hoy presidenciable Efraín Alegre y dejaron moribundo al diputado Édgar Acosta (también del PLRA), quien recibió un disparo directo en el rostro.
En las horas siguientes, más ciudadanos, militantes de la oposición e incluso supuestos barrabravas contratados –no se sabe por quiénes– se sumaron a la movilización.
La Policía abandonó misteriosamente la custodia del Congreso a las 19:00, y los manifestantes ingresaron a él a voluntad e incendiaron la sede. Estas imágenes recorrieron el mundo.
Paralelamente, nuestro país repudiaba los atropellos en Venezuela; se celebraba la Asamblea del BID y Cartes tenía planeado inaugurar su polémico “superviaducto”.
Cerca de las 20:00, la Policía Montada arremetió para recuperar el acceso al Congreso y las plazas de las inmediaciones. Los manifestantes quemaron una patrullera frente a la Comandancia y se produjeron hechos de vandalismo en varios locales comerciales.
Cacería humana
Esa noche, la Policía desplegó una cacería humana en todo el centro capitalino, registrándose torturas y violaciones a los derechos humanos no vistos desde la dictadura. Al menos 211 personas, incluidos adolescentes, fueron llevadas a la FOPE.
La cacería policial culminó de la peor manera, cuando antimotines ingresaron a la sede del PLRA. Uno de los agentes cargaba balines de plomo en su escopeta y mató por la espalda al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.