Señaló que la norma viola principios básicos de una República, como el equilibro entre Poderes del Estado, y no reconoce funciones que son propias del Poder Judicial y del Parlamento. Igualmente, indicó que obvia procedimientos de competitividad de la ley de contrataciones públicas y adolece de defectos de forma y de fondo. Consideró que lo más grave es que va contra artículos de la Constitución Nacional.
Filizzola dijo que, en estas condiciones, la ley de alianza público-privada, al no tener un marco legal claro, puede motivar que inversionistas serios no quieran venir a arriesgar su capital, ya que los cuestionamientos fundados que existen de una parte importante de la oposición no les darán confianza para invertir.
Destacó que la falta de controles y de procesos de transparencia puede hacer que se firmen contratos a espaldas del pueblo, con consecuencias muy negativas. Advirtió que no se habla solamente de obras de infraestructura, sino también de servicios públicos y recursos naturales. Advirtió que al no haber procedimientos claros de solución de controversias, el país se expone a demandas que significarán perjuicio económico para el Estado.