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La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo, bajo la administración del presidente Fernando Lugo. En el polémico artículo 30, establecía la creación del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito que operará con el Registro del Automotor. Así se aprobó en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, durante su estudio en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, fue modificada y se estableció que el registro de licencias sea delegado a la Opaci “en todo o en parte”.
Con esta nueva redacción, los legisladores volvieron a dar vida a la institución que por ese entonces ya se había convertido en una ONG que habría dado millonarios dividendos a un grupo de políticos y sus familiares.
La comisión que introdujo la modificación estaba presidida por el oviedista José López Chávez, y como vicepresidenta estaba la hoy independiente Olga Ferreira. El Senado intentó imponerse, pero Diputados se ratificó y logró su objetivo.