Amarilla pide a la Corte Suprema volver al Senado

Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, bajo patrocinio del estudio jurídico Barriocanal y Asociados, planteó el 12 de junio pasado una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de fecha 6 de junio de la Cámara Senadores que dispuso su pérdida de investidura.

Dicho staff de abogados siempre estuvo vinculado al expresidente de la república Horacio Manuel Cartes, inclusive uno de ellos Francisco Barriocanal Arias había sido nombrado procurador de la República en su mandato.

Amarilla también solicitó a la Sala Constitucional de la Corte que como medida cautelar disponga suspender el juramento que la Cámara de Senadores le tomó a Eusebio Ramón Ayala (PLRA, efrainista) en su reemplazo, cuestión que ya es extemporánea debido a que el mismo ya prestó juramento.

Entre los argumentos que indica el exlegislador señalan que “la resolución impugnada es arbitraria por falta de fundamentación en ley, asimismo, al producirla, sus actores han quebrantado en mi perjuicio la garantía del debido proceso, violentando mi posibilidad de acceso a la prueba consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica”.

Amarilla solicita se haga lugar a su acción y, por ende, se declare inconstitucional lo resuelto por los senadores.

La Sala Constitucional está integrada por los ministros Gladys Bareiro de Módica, Myriam Peña y Antonio Fretes. Este último se inhibió de entender en el expediente debido a que la hermana de Dionisio Amarilla, Nancy es su relatora.

Según la nómina de funcionarios del Poder Judicial, la misma percibe un sueldo mensual de G. 10.800.000.

Dionisio Amarilla fue despojado de su investidura por tráfico de influencias por 31 votos a favor, tras una sesión maratónica que duró siete horas. 

Intentó frenar publicaciones periodísticas que denunciaban un negociado en una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS). De esa forma, el legislador intermedió para tratar de que la empresa Security Service Tecnology SA (SST), de su “amigo” Óscar Chamorro Lafarja, sea contratada por G. 140.000 millones. 

La adjudicación finalmente la frenó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por las sospechas de direccionamiento, sobrefacturación y tráfico de influencias.