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Paraguay, pese a haber derrocado hace casi 30 años a la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, sigue rengueando en el aspecto institucional y de hecho es el factor que le priva aún de la anhelada calificación del grado de inversión.
Conforme a estudios de organismos económicos internacionales, al inversor extranjero lo que más le preocupa a la hora de poner su dinero en nuestro país es el aspecto institucional, porque un Estado con institución vulnerable no puede garantizar el cumplimiento de las reglas de juego y además es propenso a la corrupción.
Abdo Benítez, en su discurso de campaña electoral, insistió en la promesa de fortalecer la institucionalidad y había afirmado inclusive que la República en vez de caudillos políticos fuertes más bien necesita de instituciones sólidas. También anunció que no buscará la reelección y que una vez que deje el Poder Ejecutivo será senador vitalicio, conforme dispone el Art. 189 de la Constitución. Recuerda siempre que por esta disposición legal se opuso a que los expresidentes, como Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, se hayan postulado al Congreso mediante autorización de un Poder Judicial dócil.
El discurso del nuevo presidente es alentador en cuanto a su visión democrática, pero sectores que le critican le recuerdan que es hijo homónimo del ya fallecido Mario Abdo Benítez, secretario privado de Stroessner.
Marito se presenta como un político que entiende del sufrimiento, de la vejación que sufren muchos paraguayos para acceder a derechos elementales, porque previamente tienen que someterse a los intereses de caudillos políticos.
Dice que sabe del atraso que padecemos como país por el tráfico de influencias, ya sea para torcer la justicia o para conseguir los millonarios negocios con el Estado. Les dijo a los seccionaleros colorados que se terminó la época de repartir cargos estatales para conseguir votos.
Si Abdo Benítez es sincero, tendrá que mostrar desde los inicios respeto a la Constitución Nacional, tomar iniciativas para terminar con el tráfico de influencias para acceder a cargos públicos y negocios con el Estado, cumplir con su promesa de impulsar la reforma judicial y combatir la corrupción, como los grandes robos en Aduanas, que sigue perjudicando a todo el país.