Contralor está acusado por tres delitos y mal desempeño

El contralor general Enrique García es acusado por la Cámara de Diputados por la comisión de tres hechos punibles y mal desempeño en funciones. Mañana se inicia el juicio político en el Senado para tratar de removerlo.

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Según la acusación de la Cámara Baja, el comportamiento del contralor general, demuestra un serio desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia, una desviación del poder y menoscaba el prestigio de las instituciones que integran el sistema democrático. Agrega que es clave resaltar que no se pretende investigar ni juzgar la comisión de un delito o de falta, sino evaluar la idoneidad ética para desempeñar el alto cargo.

En el documento se hace referencia que el fiscal Leonardi Guerrero imputó al contralor por el uso de documentos no auténticos. Lo hizo supuestamente para justificar la no apelación ante el Poder Judicial de un fallo arbitral que condenó a la municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur en concepto de indemnización. García era el director jurídico de la comuna.

La defensa de García sostiene que no se produjo ningún perjuicio a la comuna ya que Ivesur renunció al cobro del millonario monto para seguir su contrato con la Municipalidad de Asunción, para seguir realizando la verificación técnica vehicular. Es decir, que la firma usó la sentencia condenatoria para obligar a la comuna a que continúe el contrato.

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Por otro lado, los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, quienes fueron abogados de Ivesur, ahora impulsan la ejecución de la sentencia del Tribunal Arbitral que condenó a Asunción pagarles G. 4.000 millones en concepto de honorarios profesionales.

Los otros hechos punibles atribuidos a García son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscalía abrió una investigación penal al contralor con base a un informe de Seprelad que resalta que el mismo no puede justificar el origen de más unos G. 2.500 millones depositados en los bancos en los últimos cinco años. Ya siendo contralor, en agosto de 2017, depositó unos G. 958 millones en sus cuentas cuando su salario no llega a los G. 25 millones.

El mal desempeño en funciones también se le atribuye al acusado. (Ver infografía).

Hasta ahora no se sabe si existen los votos necesarios para removerlo del cargo. La directiva que el presidente Mario Abdo Benítez pueda dar a los senadores de Colorado Añetete es clave.

Los que le defenderían al contralor serían los legisladores llanistas. El senador Fernando Silva Facetti, quien integra este grupo, en declaraciones aseguró que desaparecieron las causales para destituir al contralor. Dice que la Corte anuló su imputación por el uso de documentos falsos. Sin embargo, eso es falso ya que lo que se anuló es su procesamiento y no la imputación.

El contralor figura entre los altos funcionarios que gozan de inmunidad ya que solo puede ser removido por juicio político. Es decir, solo una vez destituido puede ser procesado.

La investigación penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el contralor está a cargo del fiscal René Fernández, quien impulsa las diligencias para corroborar los hechos.

Hace un año

La Cámara de Diputados hace un año y 13 días que aprobó la acusación. La misma fue cajoneada por legisladores del periodo pasado. Luego de tres meses fue remitida a la Cámara de Senadores, días después de la asunción de los nuevos legisladores. Siete meses después es desempolvada.

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