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LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). La Opaci, manejada por el clan Núñez, recauda millonarios fondos sin rendir cuentas en distintos conceptos, especialmente porque exige a los 250 municipios que le cobren a cada contribuyente G. 20.000 por renovación o expedición de registro de conducir.
Sin sustento legal, la Opaci, que tiene el ropaje de asociación “sin fines de lucro”, realiza cobros a los ciudadanos a través de los municipios.
Esta organización, que nació en 1964 como una oficina estatal para aglutinar a las comunas, pero luego pasó a ser una onegé, recauda millones de guaraníes y no rinde cuentas a la Contraloría General de la República.
El clan Núñez, integrado por los hermanos Óscar (diputado), Basilio (asesor político del presidente de la República, Horacio Cartes) y Ricardo (exintendente de Villa Hayes y reelecto titular de Opaci) manejan esta institución híbrida (público-privada) desde hace una década sin permitir ninguna verificación.
Pedirán informes
Al respecto, el asesor jurídico de la Contraloría General de la República, Diego Marcet, señaló que la institución de control solicitará informes a la Opaci para conocer la naturaleza del cobro a los contribuyentes.
Explicó que la organización es una asociación de municipalidades y su manejo es como una entidad privada. Sin embargo, al recibir dinero de los contribuyentes, también es considerado como público. Por tanto, debe existir un control como también rendición sobre la retribución por el pago de ese dinero.
Marcet manifestó que igualmente solicitará informes a las municipalidades sobre el procedimiento y el mecanismo que utilizan para usar la estructura municipal para recaudar los fondos exclusivamente para el ente municipalista.
Otros conceptos
Además del pago por los registros de conducir, la Opaci también cobra un canon por las precintas de habilitación de vehículos. Asimismo retiene ilegalmente un 0,20% de la transacción por venta de inmueble, hipotecas como tasa municipal sin transferir en forma inmediata a las comunas. Las municipalidades asociadas deben pagar una cuota anual de G. 4 millones. La Comuna que no paga no tiene derecho al voto. Varios intendentes de Cordillera alzaron su voz de protesta contra el actual manejo de Opaci.