Dinero sucio seguirá en la política, señalan

La ley de financiamiento político sancionada en el Congreso es deficiente ya que no evitará que sospechosos y acusados de narcotráfico aporten en la campaña electoral, señaló el exdiputado Éber Ovelar (ANR).

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Ovelar señaló que el argumento de que, por el principio de la presunción de inocencia, no se puede impedir que los acusados de delitos vinculados al crimen organizado aporten a las campañas electorales mientras no sean condenados, es “absolutamente improcedente”.

Indicó que la presunción de inocencia es aplicable en todo proceso en el que pueda provenir una sanción penal o administrativa, como pueden ser un juicio o un proceso sumarial. Destacó que en esos casos, se debe tener en cuenta la presunción de la inocencia de la persona involucrada.

Sin embargo, señaló que una ley sobre financiamiento político no tiene que ver con una sanción sino que busca la transparencia en el dinero que circula en el ámbito de los partidos políticos.

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Destacó que el objetivo de una normativa como esa es buscar que el dinero que se utiliza para financiar la actividad política sea lícito.

Ovelar, exfiscal y uno de los impulsores de la ley de financiamiento político, aunque con otra versión distinta a la aprobada, apuntó que se trata de una cuestión doctrinaria y que su esencia es que no debe haber sospecha sobre el origen del dinero.

Indicó que tal como quedó sancionada la ley establece que debe haber una condena judicial y una sentencia firme y ejecutoriada previa para inhabilitar a una persona a aportar dinero a una campaña política.

Al respecto, el exlegislador se preguntó cuántas sentencias firmes contra capos del narcotráfico existen en el Paraguay en este momento. Y se contestó que sobran los dedos de una mano para contarlas.

Consideró que con esta normativa solamente se podrá impedir que aporten dinero en la política las “mulas” o las personas que son utilizadas como fusibles en el mundo del narcotráfico.

Manifestó además que la experiencia en nuestro país indica que normalmente el tiempo que pasa hasta que una condena judicial quede firme es de unos 10 años. Esto indica que podrán pasar dos periodos constitucionales hasta que algún miembro de la mafia tenga impedido aportar en las campañas electorales.

Señaló que sacar de la ley el artículo que impide a los sospechosos y acusados de delitos vinculados al crimen organizado aportar a la campaña es una ridiculez que no tiene nombre.

Advirtió que con esta norma no se podrá impedir que el dinero sucio siga circulando tranquilamente en la política paraguaya.

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