Cargando...
Ante estos hechos no tiene sentido que se le haga un juicio político por un cargo que ya no ostenta. Así las cosas, se estaría consintiendo la “supuesta” reconducción tácita prevista solamente en nuestro derecho público para los ministros de la Corte en la Ley que organiza la Corte Suprema de Justicia.
En nuestro ordenamiento jurídico positivo, específicamente dentro del Derecho Administrativo, lo que no está previsto no está permitido, por tanto, el fiscal general inevitablemente tiene que dejar el cargo. Él más que nadie tiene que dar el ejemplo.
Como si todo esto fuera poco, tiene que devolver todo lo que cobró (dinero) en forma indebida desde que quedó fuera del cargo hasta hoy, caso contrario, también se lo debe procesar por cobro indebido de honorarios.
Con respecto a la “investigación” que se le está haciendo, para mí es toda una farsa, debido a que los propios encargados de llevar adelante ese proceso son sus dependientes. Esto hace que pierdan objetividad, que se encuentren dentro de las generales de la ley y no sean idóneos.
Yo creo que si se lo investiga solamente al FGE va a salir limpio y muy airoso de esto, pero si se empieza a indagar a sus colabores más cercanos, e inclusive a sus familiares, algo se va descubrir; pero dudo mucho de que se los pueda procesar, ya que ellos no son funcionarios públicos.
Díaz Verón tendría que tener un poco más de delicadeza, no aferrarse al cargo perentorio que ya no ocupa e irse a su casa para evitar un nuevo e innecesario estallido social. La persona que debe ocupar ese cargo, por el momento, hasta que se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el diputado J. J. Ríos, es el fiscal adjunto más antiguo.
(*) Abogado.