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El procurador general de la República, Sergio Coscia Nogués, confirmó ayer que el equipo interinstitucional liderado por el ente tiene a punto los alegatos finales escritos que se presentarán a más tardar este viernes 8 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica.
El juicio es en el marco de la demanda contra el Estado paraguayo entablada por los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí por los supuestos hechos de violación a sus garantías judiciales, tortura y desaparición forzada por agentes de la Policía Nacional.
Arrom, Martí y 22 familiares de los mismos reclaman al Estado, en concepto de reparación, la suma total de US$ 63.075.400. El monto se divide en: US$ 20.000.000 para Juan Arrom y US$ 20.000.000 para Anuncio Martí. Se agrega la suma de US$ 1.000.000 para cada uno de los familiares.
Coscia señala que los alegatos finales deben contener la síntesis de los aspectos que el Estado considera probados con su actividad en el proceso internacional y de las debilidades de la posición de las presuntas víctimas, muchas de las cuales quedaron en evidencia en la audiencia pública que se llevó a cabo en Costa Rica el pasado 7 de febrero, a la cual asistió el presidente Mario Abdo.
“Cuestiones como la poca verosimilitud de testimonios o los vaivenes del pedido de reparación económica de Juan Arrom serán aspectos abordados por el Estado en este documento, además de contestar consultas puntuales formuladas por los jueces de la Corte en la referida audiencia”, expresó Coscia.
Explicó que el escrito de alegatos es el último documento que puede ser incorporado al expediente, salvo que la misma Corte solicite pruebas “para mejor resolver”. Presentado, el caso pasa directamente a la espera de resolución definitiva, que sería a fin de este año.
Al contestar sobre los aspectos de fondo, el Estado señaló que la investigación que realizó el Ministerio Público por los hechos de presunta desaparición forzada y torturas fue correcta y suficiente, adecuándose en lo sustancial a los estándares internacionales.
El Estado también rechazó toda responsabilidad directa sobre la alegada desaparición forzada y torturas por estos episodios supuestamente acaecidos en enero de 2001, que tuvieron por contexto el secuestro de María Edith de Debernardi.
Cancelación del refugio
El Gobierno de Mario Abdo Benítez solicitó en enero pasado a la administración del presidente brasileño Jair Bolsonaro, la cancelación del estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes gozan de ese privilegio desde finales del 2003, otorgado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos (2004) y Fernando Lugo (2010) solicitaron sin éxito la cancelación del refugio de los prófugos de la justicia por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, acaecido en el 2001. Fue liberada previo pago de un rescate de 1 millón de dólares. La semana pasada, trascendió que Marito conversó del caso con Bolsonaro en la sede de Itaipú. Se espera una decisión.