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La Ley 3603/08 fue promulgada un mes después de la asunción del expresidente Fernando Lugo. La legislación pasó a modificar la normativa 838/96 que establecía indemnizaciones a perseguidos, torturados y desaparecidos del régimen stronista (1954-1989).
Con la nueva ley, quienes sufrieron prisión, pero no torturas físicas, también fueron habilitados para reclamar millonarias indemnizaciones estatales, al flexibilizarse los requisitos.
La normativa del 96 establecía el acceso a indemnizaciones a quienes estuvieron presos cuando menos un año, pero con la nueva ley se pasó a indemnizar a todos aquellos que alguna vez estuvieron presos por cuestiones políticas, aunque sea pocos meses. Así también se fijó resarcimientos a los hijos de víctimas que hayan sufrido violaciones físicas y/o psíquicas.
De esta manera, en los últimos 10 años el Estado pago G. 443.484 millones a un total de 6572 víctimas, hijos y herederos.
Procuraduría alertó falsificaciones
Sin embargo, en 2010 la Procuraduría General de la República alertó sobre supuestas víctimas del stronismo que utilizan testigos falsos para conseguir millonarias indemnizaciones. El ente señaló que para conseguir dinero fácil del Estado solo se necesitaban dos testigos falsos y un contacto en la Defensoría del Pueblo, órgano que avala el pago, por resolución.
El caso que más llamó la atención fue el de los cuatro hermanos Segovia Páez: Julio, Norma, Hermelinda y Rolando. Todos consiguieron resolución favorable para el pago (más de G. 100 millones para cada uno) con ayuda de testigos falsos, indicó la PGR.
Las advertencias hechas por el entonces procurador general de la República, José Enrique García, fueron ignoradas por el defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges.