González Daher ya no tiene fueros y aun así el Ministerio Público no actúa

Tres semanas han pasado desde que el cartista Óscar González Daher renunció al Senado por la presión ciudadana, sin embargo, la Fiscalía sigue sin imputarlo aún en el caso del supuesto millonario esquema de lavado.

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El miércoles se cumplirán tres semanas desde que Óscar González Daher renunció al Senado debido a la fuerte presión ciudadana. A pesar de que ya no cuenta con los fueros que le permitieron usar y abusar de bienes estatales, el Ministerio Público no ha imputado todavía al exlegislador cartista por el caso de los supuestos hechos de lavado de dinero, evasión impositiva y enriquecimiento ilícito, en el que se ven involucrados él y otros miembros de su familia. 

El Ministerio Público está investigando el movimiento de nada menos que G. 8 billones (US$ 1.500 millones) en solo cinco años, de todo el clan familiar, principalmente a través de la empresa inmobiliaria Príncipe Di Savoia, que sería “fantasma”. 

La Fiscalía realizó varios allanamientos a principios de este mes, pero desde entonces no hubo más procedimientos. 

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Los fiscales ni fueron hasta el “Rancho Ito”, la costosa propiedad de González Daher en Luque, donde, según varios vecinos, hubo un movimiento constante de entrada y salida de vehículos supuestamente cargados de documentos. 

El exsenador fue convocado para declarar en carácter indagatorio recién el próximo 1 de octubre. 

Óscar González Daher tiene una causa paralela por tráfico de influencias, develado mediante grabaciones que evidenciaban los aprietes y negociados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, organismo que entonces presidía. La jueza Rosarito Montanía tiene ahora vía libre para fijar audiencia de imposición de medidas al procesado. 

El historial de denuncias y supuestos ilícitos en los que se vio envuelto González Daher es bastante largo y se inició ya cuando era diputado, en el período 1998-2003. Se lo acusa desde hacer préstamos usurarios que terminaron en despojos de inmuebles hasta aprietes a fiscales y jueces a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ahora es la Fiscalía la que debe hacer su trabajo.

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