Hubo terminación anticipada de mandatos, no un golpe de Estado

Casi cuatro horas insumió la presentación del informe y el posterior debate en el seno de la Comisión Permanente de la OEA. El secretario general, José Miguel Insulza, leyó su reporte, de unas cinco páginas, en el que abundó en detalles sobre la visita que cumplió al frente de la misión.

Destacó, entre otros puntos, la apertura que tuvo para reunirse con todos los sectores, la predisposición de estos y la normalidad en que se desenvuelve el país.

Detalló asimismo aspectos del juicio político, las presentaciones ante la Corte Suprema y muy particularmente la alocución del expresidente Lugo con que se sometía a la decisión del Congreso, denunciaba la supuesta transgresión de las normas de la defensa y se despedía como presidente, pero “no como ciudadano”. Insulza repetiría tres veces durante la sesión la fórmula con la que Lugo aceptó la decisión del Congreso.

El reporte manifiesta además que la terminación prematura del mandato de un presidente genera reacciones negativas. Pero -acota- esta no es una situación nueva. “En la década de los 90 y 2000, las terminaciones anticipadas se produjeron a razón de una por año, por destitución o renuncia forzada” Y a diferencia del derrocamiento del presidente Zelaya, en 2009 en Honduras, señalando que ese sí fue un golpe de Estado. “Es comprensible que una situación que no se producía desde el 2005 provoque alarma”, resalta Insulza.

El informe destaca además que la defensa de Lugo presentó ante la Corte Suprema un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el pronunciamiento del Senado, anunciando luego su intención de acudir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reitera este punto más adelante, cuando señala que las decisiones de OEA deberían permitir que el proceso judicial, que muy probablemente llegará a las mencionadas instancias, se dirima en ellas, que son dijo, la voz oficial de la OEA en la materia.

“Estos órganos deberán pronunciarse sobre estas circunstancias”, dice, dejando allí la resolución judicial de la causa.

¿“Tutelaje” o expulsión?

Durante el debate se vieron claramente dos posiciones: por un lado los países del Mercosur, más Venezuela y Nicaragua, que se ratificaron en las sanciones a nuestro país y abogaron porque OEA también castigue a Paraguay; y por otro, los demás miembros, encabezados por los países de Caricom (el Caribe) que respaldaron las conclusiones del informe Insulza. Finalmente, primó la posición mayoritaria de elevar el informe a las cancillerías de los respectivos países y volver a reunirse -posiblemente, este viernes 13- para decidir una sanción, que puede incluso ser la expulsión, o un “tutelaje” de OEA hasta las elecciones del 2013.