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El caso del juez Marino Méndez y la fiscala Zunilda Ocampos, ambos de Ciudad del Este, es apenas una muestra de la desidia del Jurado para impulsar la investigación contra los mismos por presunto mal desempeño en sus funciones.
Méndez y Ocampos habían blanqueado a la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías, en una causa por presunta lesión de confianza, apropiación, exacción, producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La fiscala había solicitado la desestimación de la denuncia contra la exjefa comunal y otros involucrados y en mayo de 2018, el juez Méndez hizo lugar al pedido de la cuestionada agente.
El de 8 junio del año pasado, el concejal Celso “Kelembu” Miranda denunció al juez y a la fiscala ante el Jurado. Desde esa fecha, según lo que se puede ver en la página del órgano juzgador, es que solo se solicitaron los antecedentes tanto a Méndez como a Ocampos.
Luego ya aparece un desistimiento de la denuncia contra la fiscala por parte de Miranda, en fecha 10 de abril de este año. El concejal señaló que no tiene nada que cuestionar a la fiscala y el hecho es una evidente maniobra a Ocampos de muy criticada gestión en CDE.
Méndez hace poco rechazó la reapertura de una investigación penal contra Javier Zacarías Irún por presunto enriquecimiento ilícito. El Jurado le pidió informes ante las críticas.
El caso de la jueza electoral Carmen Novais es otra muestra de la benevolencia del Jurado de Enjuiciamiento con los magistrados sometidos a los políticos.
Novais solo fue apercibida por el órgano juzgador, pese a la gravedad del hecho que cometió. La jueza había concedido un amparo a Nicanor Duarte Frutos y ordenó al Senado para que le tome juramento. Fue denunciada ante el Jurado por varios senadores.
El Jurado es presidido por el senador de colorado Añetete, Enrique Bacchetta, y su vicepresidente es el diputado liberal Eusebio Alvarenga.
El senador liberal llanista Fernando Silva y el diputado colorado, Ramón Romero Roa, son los otros dos legisladores que conforman el órgano juzgador.
Los ministros Gladys Bareiro y Antonio Fretes representan a la Corte Suprema y los abogados Adrián Salas y Cristian Kriskovich están por el Consejo de la Magistratura.
Un grupo de ciudadanos indignados sigue reclamando la salida de Bacchetta, por su injerencia en el proceso al diputado Ulises Quintana.