/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/CKZ5W7JWGVGXBGJ6SHQ5Q7KIZI.jpg)
Cargando...
El diputado colorado Ulises Quintana imputado por tráfico de drogas en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, tráfico de influencias y lavado de dinero había planteado una acción de inconstitucionalidad con el argumento de que se vulneraron los principios de la excepcionalidad de la prisión preventiva y de la presunción de inocencia.
También sostuvo que él autorizó las escuchas telefónicas en sus comunicaciones con Reinaldo Cabaña y Diego Medina.
Al respecto, los integrantes de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica indicaron que es preciso advertir al recurrente que no agotó los recursos ordinarios dentro del proceso penal, y en consecuencia no se encuentra facultado de ningún modo a promover directamente acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas por los juzgados penales de garantía intervinientes.
“Ello importaría que es este órgano asuma un rol de tribunal de segunda instancia, circunstancia totalmente por esta vía, ya que dicha labor es exclusiva labor del Tribunal de Apelaciones”, indica la resolución al argumentar su rechazó sin previo estudio.
Los ministros cuestionan la imprecisión del escrito presentado.
Quintana se encuentra recluido desde el 21 de septiembre del 2018 por disposición del entonces juez Rubén Ayala Brun. Se encuentra preso hace nueve meses en el penal militar de Viñas Cue.
En la causa se encuentran imputadas más de 30 personas presuntamente vinculadas a la red de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, liderada supuestamente por Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho.
La Secretaría Nacional Antidrogas mediante una orden de la jueza Lici Teresita Sánchez emitida ya el 5 de abril del 2018, venía grabando todas las conversaciones de Cucho entre ellos con las diputado oficialista. Existen grabaciones, cuando Cucho llamó a Quintana y le pidió que lo ayude a liberar 190.000 dólares que habían sido incautados por policías de Caaguazú.
En septiembre vence plazo
El próximo 13 de septiembre, vence el plazo del Ministerio Público para presentar requerimiento conclusivo de acusación o de sobreseimiento, según lo había resuelto el Tribunal de Apelaciones tras el pedido de prórroga extraordinaria que había solicitado la fiscal Lorena Ledesma. La agente había alegado que existía 17 diligencias pendientes en la causa.