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LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). El clan Núñez, integrado por los hermanos Óscar (diputado), Basilio “Bachi” (asesor político del presidente Cartes) y Ricardo (reelecto titular de la Opaci por otros cinco años pese a no ser intendente) fueron los principales propulsores en los últimos años de la promulgación de la nueva Ley 5016/14 “Nacional de Transito y Seguridad Vial”.
La normativa dispone la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTS) como un ente regulador. Sin embargo, en contrasentido, en la misma ley delega el principal “servicio público” a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para crear el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, siendo una ONG convertida en la última década en el botín de los políticos colorados de Presidente Hayes, principalmente la familia de los Núñez.
Según el director ejecutivo de la ANTS, Justo Pastor Domínguez, un exempleado de la Opaci, el comisionamiento solo es para evitar un caos en la implementación de la licencias unificadas, previstas desde el próximo 1 de abril de este año.
La idea supuestamente es usar la estructura de la entidad no gubernamental porque la misma cuenta con una base de datos actualizada de todas las municipalidades.
Sin embargo, el objetivo real, además de “blanquear” a la Opaci, sería implementar grandes negociados, gracias a los registros de conducir.
La organización municipal estaría detrás como principal proveedor de tarjetas, sistema y hasta hologramas para las municipalidades, según nuestras fuentes. Es decir, la asociación “sin fines de lucro” pretende continuar su financiamiento vía comunas apropiándose de una parte de los impuestos pagados por los contribuyentes.
En principio, las tarjetas preimpresas para la licencia unificada serán un “regalo” de la Opaci, para captar “clientes”. Luego todo tendrá un costo.
En este sentido, la resolución N° 0036 de la Agencia Nacional de Tránsito establece que los centros de emisión y/o impresión municipal deberán estar debidamente certificados y homologados. “Estos deberán ser gestionados por las municipalidades hasta el próximo 31 de marzo”, agrega.
La disposición interna dice que en caso de que una Municipalidad no reúna las condiciones técnicas para habilitar su Centro de Impresión Municipal (CIM) deberá recurrir al Centro de Impresión Nacional o a la Opaci.
Sin control
La Opaci actualmente tiene como principal ingreso la recaudación de G. 20.000 por la expedición o renovación de registros de conducir. También está a cargo de la comercialización de las precintas para la habilitación de vehículos y, además, retiene los impuestos municipales a la transferencia de bienes raíces y operaciones de crédito. La entidad, bajo su ropaje de ente privado, no rinde cuentas a ningún órgano de control como la Contraloría General de la República (CGR).