Los prófugos Arrom y Martí elevan su pedido de dinero

Los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrom y Anuncio Martí elevaron considerablemente su pretensión de indemnización por parte del Estado, que en principio fue de US$ 63 millones. Ahora piden que sean US$ 123 millones.

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Al presentar sus alegatos finales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, los prófugos de la justicia paraguaya Juan Arrom y Anuncio Martí elevaron considerablemente su pretensión de indemnización, que en principio fue de US$ 63 millones y ahora piden que sea de US$ 123 millones.

El cálculo hecho por los prófugos es este: Juan Arrom exige al Estado paraguayo US$ 50 millones, igual cifra pide Anuncio Martí, y otros US$ 23 millones a ser repartidos entre sus familiares y abogados.

El procurador general, Sergio Coscia, en comunicación con ABC FM 98.5, declaró ayer a la mañana que el Estado tiene tiempo para presentar sus alegatos finales hasta este viernes 8 de marzo, pero que iban a enviar el escrito entre hoy y mañana, que ya está todo redactado y consta de 50 a 60 páginas aproximadamente.

“Tenemos muchas esperanzas y fe luego de ver la actuación de los jueces. Todo el país y todo el mundo vio cómo nos mentían los testigos de ellos y cómo caían en contradicciones”, dijo Coscia al referirse a la audiencia pública que se realizó el mes pasado.

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Antecedentes 

Arrom y Martí son prófugos de la justicia paraguaya que los acusa de haber cometido el secuestro de María Edith de Debernardi en el 2001.

Luego en el 2002 supuestamente ambos fueron secuestrados por agentes policiales que los torturaron. Fueron encontrados por sus hermanas en una casa en Villa Elisa. Pero cuando iban a ser sometidos a juicio oral por el secuestro de María Edith, huyeron del país para pedir asilo desde donde se declararon perseguidos políticos y demandaron al Estado paraguayo, exigiendo un pago millonario.

El 3 de enero pasado el abogado Carlos Abadíe Pankow, defensor de los prófugos, solicitó la aplicación de medidas provisionales para que se ordene al Estado paraguayo que adopte medidas necesarias para garantizar los derechos de sus clientes, pero el pedido fue desestimado por la CIDH.

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