Multimillonario negocio en pólizas para “muertos” que no murieron

Además de los US$ 36 millones entregados al venezolano Barone, otros US$ 35 millones salieron de los fondos de jubilados de Itaipú para comprar pólizas de vida. Pensaron que los muertos serían un gran negocio y compraron seguros de vida para 30 personas, de las cuales murieron solo dos.

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US$ 30 millones corren riesgo de nunca más volver. Uno de los denunciados declaró en juicio en Canadá que envió US$ 10.000 de “comisión” al extitular de Cajubi.

En el 2005 convencieron a Cajubi que podían hacer negocios con los muertos. Adquirieron pólizas de vida de gente con supuestas enfermedades terminales y supuestos ancianos, que al morir, les dejarían dinero.

El primer contrato lo firmaron el 25 de setiembre del 2005 con Mosaic Management (en Florida, EE.UU.). Si bien la empresa está en EUA, hasta el año pasado llegaban reportes desde una dirección en San José de Costa Rica. Un argentino de nombre Arturo Girardi convenció a Cajubi de comprar 26 pólizas de enfermos que, supuestamente, en cuestión de 5 años estarían todos muertos. Así compraron 26 seguros de vida por 11.700.000 dólares, (casi 2.000 millones de guaraníes por cada futuro muerto).

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En el 2010, cuando finiquitó el plazo, había “madurado” (término con el que llaman a la muerte del asegurado) apenas uno. Hace poco murió el segundo y hasta ahora cobraron por uno solo de los 26 pese a que decían que las pólizas “madurarían” a corto plazo. De los 11.700.000 dólares, apenas han retornado 441.040 dólares. El resto, US$ 11.258.960, apeligran.

Y va la segunda

La segunda inversión fue con Universal Settlements Int (USI), empresa en Canadá que tenía a Antonio Duscio como presidente, al guatemalteco Eduardo García Obregón como vice y al canadiense Cal Waddell como vicepresidente de Adquisiciones. Cajubi invirtió US$ 13.790.404, de los cuales retornaron unos US$ 5 millones. El capital que dan por perdido ronda los US$ 8.728.332, ya que la empresa hizo convocatoria de acreedores. Duscio, Waddell y García Obregón pelearon y ninguno de los tres fue denunciado por este caso aunque todos están demandados en Canadá por otras inversiones de Cajubi.

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Si bien los jubilados de Itaipú pudieron haberlos demandado, Mariano Escurra, el titular de Cajubi que sucedió a Víctor Bogado en el cargo, viajó a Canadá, se acogió a la ley y renunciaron a los derechos a litigar. Esperan cobrar algún día.

La tercera, la vencida

El 11 de julio del 2007, Cajubi firmó nuevos acuerdos con García Obregón y con Cal Waddell (presidente). La empresa: Keystone Settlements int LLC, que fue creada dos días después de decidir darles el dinero. Era por dos millonarias pólizas de vida por 8.771.929 dólares. Hay sospechas de que se fraguaron documentos porque las expectativas de vida de las personas cuando menos son fraudulentas. Hasta ahora nadie se murió, es más, siguen pagando por las dos pólizas de vida que ni siquiera están a nombre de Cajubi. Los reportes de salud dan cuenta de que las dos personas gozan de buena salud, lo que significaría que los muertos que Cajubi quiere “matar”... gozan de muy buena salud.

En juicio, Waddell ha declarado en Canadá que envió dinero a Víctor Bogado, extitular de Cajubi, a pedido de ellos como “comisión”.

Sindicatos sienten abandono de justicia

Seis sindicatos de la Caja de Jubilados de Itaipú confirmaron ayer que el 100% de las inversiones de las empresas del venezolano Marcelo Barone ya fueron registradas como pérdidas previsionadas a fines del año pasado. Sticcap, Sicae, Sise, Sinditaipu y Sepeib exigieron que hagan seguimiento y se tomen “medidas preventivas inmediatas” para no perder el resto del dinero.

“Las inversiones que se encuentran bajo máximo riesgo en el exterior ascienden aproximadamente a 123 millones de dólares (monto que incluyen las inversiones en las empresas de Barone). El Consejo de Administración de la Cajubi debe darle la correspondiente atención, seguimiento y medidas preventivas inmediatas para que no corran con la misma suerte”, solicitan los gremios.

El comunicado ratifica “la manera abierta, alevosa y sin escrúpulos con que fueron repartidos por el mundo nuestro dinero, fruto de aportes de largos años de compañeros de la Entidad. Nos indigna y nos sentimos desprotegidos y abandonados por la justicia paraguaya, por no impulsar los procesos legales para dilucidar los supuestos hechos de lesión de confianza de los administradores de nuestros recursos. Existen cuatro denuncias fiscales en Paraguay, y una denuncia en Canadá contra varias empresas, supuestas mediadoras de la aplicación de nuestros fondos previsionales, en carteras de alto rendimiento y riesgo”.

Los funcionarios están divididos aún entre quienes apoyan a los exconsejeros y quienes reclaman el retorno del dinero desviado. Sindicatos mayoritarios aún guardan silencio.

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