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LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). Entre 1996 y 1997, la Opaci pasó de ser una oficina estatal a una organización no gubernamental (ONG), quedando fuera de cualquier ente de fiscalización pública, como la Contraloría General de la República. Entre los que maquinaron la transformación en una asociación “sin fines de lucro” fueron el entonces intendente de San Ignacio, Egidio Ruiz Pérez; el director ejecutivo Reinerio Cáceres y el asesor Rubén Báez. Sin embargo, el estatuto social fue modificado sin control y a medida de las autoridades de turno en los últimos años.
La institución continuará manejada por otros cinco años como una empresa familiar por el clan Núñez, integrado por los hermanos colorados Ricardo y Basilio, exintendente de Villa Hayes y asesor político del presidente Horacio Cartes, respectivamente. Ricardo fue reelecto el miércoles últimos como presidente de la junta directiva periodo 2015-2020.
La modificación del Art. 37 de la Carga Orgánica de la Opaci allanó el camino al clan Núñez para lograr una perpetuidad en el ente.
Comunas chantajeadas
Los superpoderes de la Opaci –que no sabemos quién o quiénes les otorgaron– obliga a las municipalidades a permanecer como asociadas. Entre uno de los principales dominios de la organización municipalista es la expedición de un número para las licencias de conducir. Por este trámite, cada contribuyente de todas las 250 municipalidades del país debe ser despojado de unos G. 20.000 por la expedición o renovación de registros.
La Opaci también debe refrendar las numeraciones de las precintas de las habilitaciones para el tránsito de vehículos. En dos trámites la institución recauda millonarios fondos del bolsillo de los contribuyentes. Las comunas asociadas a la organización pagan además una cuota social de G. 4 millones en forma anual. A nivel país integrarían la Opaci alrededor de 220 municipalidades.
También las instituciones municipales deben tener la aprobación de la Opaci para la venta, hipotecas sobre inmuebles en sus respectivas comunidades. Sobre cualquiera de estos trámites existe una tasa municipal del 0,20%, sobre el valor de la transacción, que deben abonar los contribuyentes.
Sin embargo, la Opaci, mediante un convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay, está a cargo de la recaudación de este tributo que no transfiere en forma inmediata a las comunas. La organización retiene ilegalmente los recursos, con el chantaje de deudas atrasadas por parte de las municipalidades.
La Opaci recauda millones de las instituciones públicas, específicamente las comunas, pero no permite que ningún organismo de control verifique sus cuentas.
Clan Núñez copa cargos
El clan Núñez manejará por cinco años más la Opaci, debido a que el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez (ANR) fue reelecto el miércoles pasado como titular de la organización. Por su parte, Basilio “Bachi” Núñez, hermano de Ricardo, se desempeñará como asesor de la Junta Directiva de la Opaci. Además, es el asesor político del presidente de la República, Horacio Cartes.