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En el 2008, cuando asumió como procurador general, en el gobierno de Fernando Lugo, García aseguró que su patrimonio era de G. 1.814 millones. Al dejar el cargo, en el 2012, declaró que era de G. 1.500 millones. Es decir que su patrimonio neto disminuyó.
En el año 2016, después de asumir como contralor general de la República, dijo que el total de su patrimonio era de G. 2.810 millones.
Sin embargo, García no habría hecho su declaración de bienes antes de asumir y luego de dejar la Municipalidad de Asunción, en donde fue director jurídico. Incluso, cuando ocupó dicho cargo no apeló un fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur en concepto de indemnización.
La no apelación le costó a García una imputación por uso de documento falso, ya que para justificar el hecho de no haber recurrido ante la justicia la sentencia arbitral, supuestamente usó un informe falso, según la fiscalía.
El fiscal René Fernández, quien investiga al contralor por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, había solicitado al juez Gustavo Amarilla que emplace a la Contraloría a remitir la declaración jurada de bienes de Enrique García. El órgano contralor llamativamente solicitó una prórroga que fue concedida por Amarilla.
Hace aproximadamente 10 días, el juez Amarilla recibió la declaración jurada, que el lunes pasado fue retirada por el fiscal Fernández.
Informe de Seprelad
La investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se originó en un informe de la Seprelad, que refirió a la Fiscalía, que entre los años 2012 y 2017, García depositó en los bancos G. 4.462.355.395. Sin embargo, ante Tributación declaró que durante dicho periodo tuvo un ingreso de G. 1.520.243.579, lo que arroja una diferencia de G. 2.942.111.816.
Uno de los bancos hizo el reporte de operación sospechosa, debido a que en agosto de 2017, García ya siendo contralor, depositó unos G. 340 millones en efectivo en un mes. Había depósitos de G. 100 y G. 120 millones, lo cual no se compadece con su sueldo de contralor que no llega a G. 25 millones. El origen del dinero es lo que ahora el contralor debe justificar.
Marito decide si hay blanqueo o no
La postura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es clave para destituir o no al contralor. Las directivas que el Mandatario pueda dar a los senadores de Colorado Añetete inclinará la balanza por el blanqueo o remoción.
Hay senadores de Añetete, que tendrían cupos en la Contraloría, que apoyan a García. Incluso dijeron que la acusación contra el mismo fue muy floja.
El 26 de marzo pasado se inició el juicio político al contralor Enrique García en el Senado. Está acusado por la Cámara de Diputados por la comisión de tres hechos punibles: uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además está el mal desempeño.