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Expresa que la gravedad de esos hechos es una señal más del fracaso de la política de seguridad ensayada por el Ejecutivo en los departamentos del norte de la Región Oriental, cuyo costo financiero al Tesoro Público representa una erogación incompatible con los resultados alcanzados hasta el momento por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Eso se da en una región carente de servicios públicos de calidad en materia de salud, alimentación, vivienda y acceso a la tierra, donde familias campesinas e indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema sobreviven en condiciones ajenas a la dignidad humana.
Reclama de las fuerzas de seguridad y de las autoridades políticas que la conducen, máxima transparencia y apego a principios constitucionales en las labores de investigación, persecución y represión de los hechos punibles perpetrados, sean estos cometidos por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o por cualquier otro grupo armado al margen de la ley. También exige la sanción correspondiente a los responsables de los criminales actos, y efectivas acciones de prevención de tales hechos.
Reiteran su preocupación por la incapacidad de organismos del Estado para articular acciones efectivas orientadas a la liberación del agente policial Edelio Morínigo, retenido contra su voluntad por el EPP desde hace más de un año, circunstancia absolutamente intolerable que es obligación de los organismos de seguridad del Estado revertirla mediante acciones eficaces y ajustadas a la Constitución.