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El proyecto de ley que fue presentado por el diputado Nazario Rojas (ANR, Añetete) plantea modificar el artículo 1° y 102 del Código Penal en el que propone la imprescriptibilidad de los hechos punibles relacionados al falseamiento de documentos electorales, engaño y soborno al elector.
El tratamiento del proyecto de ley coincide con el escándalo en la Justicia Electoral que involucra a Miguel Ángel Iturburu, hasta ayer jefe de control de calidad informática, quien habría recibido dinero para cargar votos a favor de candidatos en las elecciones presidenciales pasadas.
La norma también plantea la imprescriptibilidad de aquellos delitos en contra de los bienes, la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales del Estado, cuando fuere cometido por funcionarios.
Se prevé la imprescriptibilidad de hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas relacionadas al cohecho pasivo, soborno agravado, prevaricato, traición a la parte, lesión corporal en ejercicio de funciones públicas, tortura, persecución de inocentes, ejecución penal contra inocentes, cobro indebido de honorarios entre otros delitos.
Para el abdista, la aplicación de la norma será una valiosa herramienta jurídica, ya que actualmente, con los plazos procesales, muchos casos expiran entre tres y quince años, provocando la impunidad de los mismos.
El Código Penal actualmente establece como únicos delitos imprescriptibles los señalados en el artículo 5° de la Constitución Nacional tales como: El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas.
El proyecto de ley también propone la imprescriptibilidad para los delitos en contra del Estado (atentado o preparación de una guerra). También para los casos de atentado contra el orden constitucional, sabotaje, impedimento de elecciones.
También busca que sean imprescriptibles los delitos por hechos punibles contra la seguridad externa del Estado, la coacción a órganos constitucionales, al presidente y a los miembros de un órgano constitucional, los hechos punibles contra la administración pública entre otros.