Querella insiste en obtener registros telefónicos de Cartes y su entorno

Duarte indicó que si bien existe una reglamentación de la Conatel que obliga a las compañías de telefonía celular a guardar por seis meses los registros de llamadas entradas y salientes y las ubicaciones de las celdas, las empresas no están condicionadas a destruir la información.

El plazo de resguardo se cumplió ayer, a seis meses del hecho, y es una incógnita si esta herramienta podrá ser incorporada alguna vez a la investigación por homicidio.

La fiscala Raquel Fernández denegó pedir los registros. Indicó que la solicitud de la querella era “impertinente” e “improcedente” porque no se iban a conocer las conversaciones, por lo que no se va a poder saber si alguien dio la orden de ingreso al PLRA.

Pese a este revés, la querella pidió el control jurisdiccional y ahora está en manos del juez penal de garantías Paublino Escobar resolver si corresponde solicitar los registros a las telefonías. Además, la jueza en lo civil y comercial Mafalda Cámeron Luque tiene un pedido de intimación a las empresas de telefonías celulares para la remisión de los registros en un juicio de diligencias preparatorias para una demanda por indemnización de daños y perjuicios que entabló el Partido Liberal la semana pasada.

Comprometería a influyentes políticos

La querella adhesiva quiere que se pidan los registros de los teléfonos celulares utilizados por el presidente Horacio Cartes, los senadores colorados Lilian Samaniego y Juan Darío Monges, el exministro del Interior Tadeo Rojas, el actual ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, y de los allegados al presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas y el secretario privado de la presidencia, Arnaldo Franco.

“Si logramos que se oficie, pero las telefonías responden que ya no tienen los registros, podemos pedir los backup (copias de seguridad) porque absolutamente todo queda registrado”, indico Duarte.

El abogado querellante explicó que el pedido se basa en que la posición del Ministerio Público está errada y puede ser desvirtuada en cualquier momento, justamente a través de los medios técnicos y tecnológicos como el solicitado.

Perseguían manifestantes “La fiscala Raquel Fernández parte de la premisa de que la policía seguía a manifestantes que causaron destrozos en ABC Color y con esa hipótesis quiere sostener que no se necesitaba una orden de ingreso porque había flagrancia en la comisión de un delito. Eso es mentira porque los registros de los circuitos cerrados del PLRA y oficinas colindantes lo desvirtúan. Se ve claramente que la policía no le estaba siguiendo a nadie, inclusive había un camión que bajaba hielo frente al PLRA“, explicó el profesional.

Sobre el punto, agregó: “Los que causaron destrozos en ABC nunca llegaron a la sede, pero deben buscar un móvil para el ingreso de dos contingentes de policías con diferencia de 30 segundos. Gustavo Florentín y Arnaldo Báez atropellaron la puerta principal y el grupo comandado por el Crio. Tomás Paredes Palma lo hizo 30 segundos después por el portón del estacionamiento. Son dos cabezas de procedimiento que recibieron una orden y consideramos que fue de Críspulo Sotelo, entonces comandante de la Policía Nacional, que solo con su rango podía darse el pedido de atropello a un local partidario”.

A continuación, el letrado aseveró que en esa hipótesis surge la importancia de las comunicaciones de Sotelo fuera del entorno policial. “La pericia del cruce de llamadas de su celular reveló claramente que Sotelo habló con personas que tenían un móvil como el presidente de la República, Horacio Cartes, que tenía un interés en la enmienda constitucional, aprobada por un Senado paralelo, pero que a esa altura ya estaba desconvocada (la sesión) por la Cámara de Diputados. Por eso, los que se comunicaron con Sotelo tenían un móvil, y de ahí pudo haber venido la instigación a Sotelo para que se cometan los hechos ocurridos en el PLRA entre el 31 de marzo 1 y de abril pasado”, aseguró Guillermo Duarte.

El querellante cuestionó la complaciente actuación de la Fiscalía para no ampliar su pesquisa a las personas que ordenaron el ataque. “Yo, en un eventual juicio, llego a mostrar los circuitos cerrados, pruebas técnicas irrefutables, y se cae la historia del Ministerio Público. Así que no sé cómo van a seguir sosteniendo su teoría”, concluyó.

Un solo procesado

Por el homicidio del político liberal Rodrigo Quintana solo está imputado y preso el suboficial segundo Gustavo Florentín, quien declaró en Fiscalía que le ofrecieron casa y dinero para asumir toda la culpa por la muerte. Además, relató que la orden de ataque al PLRA fue del Crio. Amado Cantero tras un llamado telefónico que este recibió. El uniformado era el de mayor rango en el lugar.