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La carta, entregada por Vidal Acevedo, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es el resultado de una audiencia pública realizada el viernes último en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde participaron organizaciones campesinas y pobladores que residen en la zona de influencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Entre los argumentos, mencionan que la creación de la FTC viola la Constitución Nacional al darles a los militares una tarea no prevista en la Carta Magna, como lo es la seguridad interna, que debe estar a cargo de la Policía Nacional.
Vidal Acevedo señaló que, además de la falta de resultados concretos en la lucha contra las organizaciones que actúan fuera de la ley, se suman las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Inclusive indicó que hay asesinatos, como los que tuvieron como víctimas a los hermanos Ovelar en Kurusu de Hierro, y denuncias de “falso positivo” como el de Julián Ojeda, quien fue muerto por error y al que luego se le “plantaron” pruebas para intentar hacerlo pasar por integrante del EPP, según la denuncia que hace la familia.
El citado activista destacó que instan a que la lucha en el norte se haga de otra manera, con la presencia de instituciones del Estado para atender las muchas necesidades existentes en cuanto a caminos, salud y educación.