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La Corte, en el 2017 nombró en la categoría de permanentes a 980 funcionarios contratados, bajo la figura de la desprecarización. Es decir, de alrededor de 11.000 permanentes el número subió a casi 12.000 funcionarios permanentes.
Las autoridades judiciales alegaron que en sustitución de los desprecarizados ya no se iban a contratar más funcionarios. Sin embargo, eso no fue cierto ya que la Corte Suprema contrató a alrededor de 1.000 personas, con lo cual de nuevo el número de contratados trepó a casi 2.000.
El seguro médico es una gran conquista de los funcionarios judiciales, que casi todos los años van a una huelga o amenazan con una medida de fuerza. Argumentan la falta de aumento del sueldo desde hace varios años en el Poder Judicial.
Empero, se encargan de no mencionar el millonario monto que les paga la ciudadanía en concepto de seguro médico. Además están el subsidio familiar y otros beneficios, que casi todos los años son incluidos en el presupuesto por la Corte.
Si el Poder Judicial quiere más dinero tiene que mejorar el servicio que presta, reducir la mora y acelerar los juicios. De lo contrario, no se justifican los innumerables beneficios que reciben los funcionarios, incluidos, ministro de Corte y jueces.