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En la anterior suspensión de la diligencia, el propio diputado Núñez alegó problemas de salud y presentó certificados de reposos médicos para justificar su ausencia.
Según la acusación del fiscal Martín Cabrera, el actual diputado Óscar Núñez y los demás procesados son responsables de hechos punibles como lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, además de lavado de dinero. El perjuicio estimado habría sido de unos G. 30.000 millones correspondientes al patrimonio de la Gobernación de Presidente Hayes.