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Con la decisión del juez Méndez, el senador cartista Zacarías Irún evita ser imputado e ir a la cárcel por supuesto enriquecimiento ilícito. Pero tiene abiertos dos procesos: 1. Está imputado por declaración falsa de sus bienes y 2. por lesión de confianza en carácter de instigador en desvíos de fondos de la Municipalidad del Este (en ese entonces a cargo de su esposa la cartista Sandra McLeod de Zacarías Irún). En este último caso se solicitó su detención, que fue chicaneada por sus abogados, motivo por el cual no puede ser cumplida aún.
Corte abrió el camino
La Cámara de Apelación, Primera Sala, integrada por Gustavo Ocampos, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, por unanimidad, resolvió que el caso de Zacarías Irún se envíe a los tribunales de su feudo político: Ciudad del Este. Fue apelado por la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte, con la firma de Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica (en disidencia Luis María Benítez Riera), decidió enviar el caso a la capital del Alto Paraná.
El juez Marino Méndez, amigo del clan ZI, blanqueó una vez más al senador colorado. Ya lo había hecho a favor de Sandra McLeod al prohibir a la Junta Municipal estudiar la renuncia de la intendenta (quien finalmente fue destituida en Diputados). En el caso de Javier, el juez argumentó que el enriquecimiento ilícito no corresponde aplicarle debido a que el mismo no es funcionario público. Luego el magistrado apunta que Zacarías “no ejerció ninguna función pública entre el 1 de octubre de 2007 hasta el día que asumió como senador” el 1 de julio de 2018.
Para los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, Zacarías sí estaba en la función pública ya que era asesor “ad honorem” de su esposa, desde el 2007 y hasta unos meses antes de ser electo senador.