Un total de 62 intendentes no rinden más de US$ 13 millones

Un total de 62 intendentes de todo el país se niegan a explicar cómo gastaron los millonarios fondos de Itaipú recibidos entre enero y abril. La sumatoria del dinero de Royalties y Fonacide sin rendir a la Contraloría General de la República totalizan más de G. 82.434 millones, monto que debe estar blindado para infraestructura y educación. La cifra equivale a más de US$ 13 millones. Los jefes municipales gozan de impunidad fiscal y estatal.

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La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, liberó nuevamente ayer en el sitio web del ente el último informe de rendición de cuentas de royalties y Fonacide recibidos por las 255 intendencias y 17 gobernaciones de todo el país.

El documento revela que 61 municipios no rindieron el uso de los royalties desembolsados por el Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Benigno López, desde enero a abril último. Dentro de esta cifra, 52 intendentes tampoco rindieron el uso del dinero de Fonacide en el mismo periodo (ver la infografía).

En un caso particular, el municipio de Jesús de Tavarangüé, la recepción de su rendición ni siquiera fue autorizada. De esta manera suman 62 intendencias en falta hasta ayer, según la Contraloría.

Las regalías de Itaipú, supuestamente, están blindadas por ley para que se usen exclusivamente en la construcción de obras de infraestructura; aulas en escuelas y el pago del programa de merienda escolar entre otros. Está terminantemente prohibido usar este dinero en gastos rígidos, como pago de funcionarios.

Para ello, cada cuatro meses las intendencias y gobernaciones deben rendir el uso del dinero al ente contralor, trámite que constantemente incumple la mitad de los municipios que reciben los fondos y los utilizan discrecionalmente.

Por otra parte, numerosos municipios como Asunción y Ciudad del Este, no recibieron desembolsos según informes del Ministerio de Hacienda en su sitio web.

Cifra millonaria

Al hacer la suma de ambos rubros sin rendir (Fonacide y Royalties), en total suman G. 82.434 millones. Este monto equivale a US$ 13.470.000.

Sin embargo, los jefes municipales gozan de impunidad ya que Hacienda sigue haciendo desembolsos salvo en casos alevosos en que los jefes municipales ya han sido destituidos o renunciaron.

A su turno, el Ministerio Público tiene un paupérrimo índice de procesos y condenas por malversar estos fondos. A la fecha uno solo ex jefe municipal, Roberto Chávez Pasotti (ANR), exintendente de Laureles (Ñeembucú).

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