Proyecto de ley de alquileres: la libertad y la propiedad, en peligro

El presente artículo es un análisis desde la escuela del Análisis Económico del Derecho, el Law & Economics, que aplica el método económico en el razonamiento jurídico.

Víctor Pavón (*)
Víctor Pavón (*)

Los senadores Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer y Jorge Querey, todos ellos del partido Frente Guazú de tendencia comunista, son promotores de un proyecto de ley denominado “De Alquileres para la vivienda”. Por cierto, la calificación de comunista a este sector tiene como objetivo clarificar e identificar la línea de pensamiento expuesta en este documento, de acuerdo a la ciencia política y al ideario de este partido político.

La Constitución Nacional (CN) dice en su Art. 100 - “Del Derecho a la Vivienda. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados”. En el deseo de justificar su proyecto de ley, sus promotores cometen un grave error debido a que parten de una premisa falsa. En efecto, el Art. 100 de la CN habla acerca de que el Estado “...promoverá planes de vivienda de interés social...”, pero este enunciado no implica modificar lo que también establece la misma ley fundamental sobre la libertad y la propiedad privada así como lo preceptuado en el Código Civil y otras normativas en cuanto a los contratos de alquiler se refiere.

Una ley intervencionista del orden jurídico y económico -como la pretendida– deja a merced del Estado las decisiones del propietario, en cuanto al precio y a la disponibilidad del uso y disposición de los inmuebles.

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Tampoco resulta benigna la disposición de: “Se prohíbe al locador decir que un apartamento no está disponible cuando en realidad lo está”. Este enunciado contradice de manera directa el uso y goce de la propiedad y del consentimiento y voluntad expresada por el dueño del inmueble en cuestión.

Este sólo enunciado en el proyecto abre la puerta para que ingrese el poder gubernamental (representado por agencias y comités o como se quiera dar el nombre conformado por funcionarios) a la propiedad y a la misma conciencia de cada persona para que ya no sea el dueño el que disponga según su parecer y decisión sobre lo que mejor le conviene. Peor aún, se dispone en el proyecto sanciones al propietario por decir y manifestarse de acuerdo a lo que le dicta su conciencia y decisión voluntaria.

¿Qué le puede hacer cambiar a una persona su parecer personal sobre la propiedad que le pertenece? Pues solo la fuerza, como en efecto sucede cuando el poder del Estado con el respectivo órgano de aplicación tiene atribuciones de llevar a cabo el uso de la coerción, situación que está autorizado contra los criminales así como para la preservación del orden y la paz en una sociedad.

Los proyectistas, igualmente, muestran un sesgo autoritario digno de los regímenes más nefastos de la historia, violando sin contemplación alguna el principio moral y legal de que nadie puede decidir sobre otra persona, retaceándole su derecho a llevar a cabo lo que mejor le parece sobre sus bienes. Se está, por decir lo menos, ante premisas falsas que violan alevosamente preceptos fundamentales por sus declarados vicios insanables. Art. 109 de la CN: “La propiedad privada es inviolable”.

El avance contra la libertad y la propiedad es alevoso y terrorífico. Dicen que “no es posible seguir dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado de la vivienda”, agregando sin disimulo alguno la necesidad de aplicar la expropiación de aquellos departamentos y viviendas que se encuentren “abandonados y vacantes” y la “creación de una cartera de alquileres públicos” en los que los funcionarios de la “nueva secretaría de gestión” se encargarán de señalar “amablemente” al propietario acerca de a quién puede o no alquilar la vivienda o el apartamento.

La pregunta que aquí surge es: ¿De qué manera deben establecerse los precios y las relaciones económicas entre las personas como es el caso de los alquileres? La CN es clara al respecto, el Art. 107 dice: “De la Libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad lícita de su preferencia...”. Y agrega: “...se garantizará la competencia en el mercado”. ¿Cómo entonces deben ser establecidos los precios del alquiler? La respuesta es unívoca: de acuerdo a las reglas del libre consentimiento y voluntad, observando lo establecido en la CN y en el Código Civil. Para ser todavía más didácticos: Si A desea alquilar a B por 100, no puede ni debe el Estado decirle a que lo hará por 50.

Se afirma también en este documento que los precios de los alquileres “deben convenir a todos”, por tanto, es necesaria “la intervención del Estado” mediante la fijación de precios máximos, esto es, a precios por debajo del mercado. Desde la escuela neoclásica se tiene conocimiento cierto de que los precios máximos (por debajo del mercado) es como poner una barra artificial que no se puede pasar. Pero, origina lo que se llama escasez y esto sucede con cualquier producto o servicio en el mercado. La fijación de precios hará que más personas deseen alquilar en detrimento de los que quieran ofertar sus inmuebles.

Lo que ocurrirá entonces es que las personas que estaban dispuestas a alquilar sus propiedades, ahora ya no lo harán por las absurdas y dañinas condiciones a las que se exponen, esto es, habrá menos apartamentos y casas para ser alquilados, siendo perjudicados ¡precisamente la gente más necesitada!

Todavía más, la declaración de “abandonados y vacantes” (como está en el proyecto) de las viviendas y apartamentos estará supeditada a un organismo público, el mismo Estado conformado por políticos y seudo técnicos que estarán saliendo a las calles como cual Torquemada buscando a sus víctimas. Así mismo, cuando inicie una suerte de caza de brujas para identificar los apartamentos y viviendas “vacantes y abandonadas” se iniciará una tremenda incertidumbre e inseguridad no solo en el mercado inmobiliario, sino que repercutirá en todos los demás ámbitos de relaciones jurídico-comerciales de las personas y empresas. Es posible que unos cuantos puedan sortear estas amenazas y aseguren sus casas y apartamentos; pero para ello deberán previamente haber “aceitado” (coima y corrupción) a los que deciden qué inmueble puede ser objeto de figurar en su lista de “alquileres públicos”. Esto es apenas el comienzo de lo que acarreará esta ley.

Hay otras “bondades” en este proyecto como la expropiación por parte de los municipios (sic) de los inmuebles privados urbanos “que no tengan al día el pago de sus impuestos (terminó el atraso) o abandonadas por dos años o más”.

Por de pronto, se está en lo que proponía el comunismo de Stalin, que tanto daño, sufrimiento y muerte provocó en su momento. La libertad y la propiedad están en peligro.

* Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado“; “Cartas sobre el liberalismo“; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus virtudes y defectos” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

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