Los derechos humanos y la lucha contra la corrupción

En el entorno internacional, los derechos humanos han sido un punto de discusión en cuanto a la implicancia que se genera a raíz de las impunidades y los diversos actos de corrupción, puesto que, el flagelo a los derechos fundamentales importa a toda la sociedad, y ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado la importancia que se debe dar a las garantías mínimas para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Se ha visto que, todo acto de corrupción compromete la calidad y el acceso a servicios vinculados a los derechos humanos, habida cuenta que, el fenómeno de la corrupción incide en el funcionamiento de las instituciones, que deben velar por el efectivo control. Es, por tanto, que, los mecanismos internacionales de derechos humanos, se ocupan en mayor medida de las limitaciones que desvirtúan el disfrute a los derechos mínimos.

Hemos reconocido un número elevado de actos de corrupción, a través de los esquemas delictivos, como se ha comprendido en el caso “Odebrecht”, que resultó uno de los actos de corrupción más grandes en la historia reciente de América. Así, el acrecentamiento de hechos de cuello blanco, que confirman el perfeccionamiento de la matriz esquematizada del crimen organizado, por lo que, el sistema internacional ha invertido en estrategias para la recuperación de activos, que se rigen por mandatos puntuales de lucha contra la corrupción.

Otros lineamientos, procuran una lucha constante contra los fácticos que implican una desvirtuación a los derechos fundamentales, valorando políticas de gobernabilidad democrática, con acceso a la información pública, a la protección de denunciantes por conculcación de los Derechos Humanos, incluyendo los ejes de prevención del lavado de activos.

En dicho contexto, se deduce un objetivo convencional en la necesidad de evitar un menoscabo en la calidad de vida, desde la interacción con los derechos civiles y políticos, como también de los derechos sociales y económicos. La construcción de un estado de derecho, genera un compromiso de justicia transnacional, por lo que, generalmente, los casos que más se vinculan a la conexión entre los derechos humanos y la corrupción, son aquellos ligados a la conservación ambiental.

No obstante, el esquema de corrupción, ocupa relevancia en la región, desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió emitir recomendaciones en torno a lo dispuesto en el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En tal sentido, el objeto de combatir la impunidad provocada por cuerpos ilegales y que afectan gravemente a los derechos humanos fundamentales ha promovido “acuerdos”, con la interacción de la Organización de Naciones Unidas. Así, surge la connotación de la Resolución N° 1/17, que infiere sobre “Derechos humanos y la lucha contra la impunidad y corrupción”.

Pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en setiembre de 2017, se pronunció en virtud a la Resolución N° 1/17, estableciendo que, la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos.

En tanto, la determinación de su promoción legalista se funda en la Carta Interamericana, que enuncia entre sus postulados: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos […] [y] el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho […] Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Ciertamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promueve la Resolución N° 1/17, bajo los parámetros de: reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial; reafirmar la importancia fundamental que tiene el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información pública, así como los derechos a la asociación y reunión pacífica, para la investigación y denuncia de la corrupción; hacer un llamado al ejercicio independiente de los poderes públicos con el fin de garantizar el estado de derecho; instar a los Estados a cumplir su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, denunciantes, periodistas y medios de comunicación que enfrentan un riesgo especial por investigar y difundir información sobre corrupción; y, exhortar a los Estados a priorizar entre sus medidas de combate a la corrupción, aquellas destinadas a garantizar los derechos de las personas, grupos y colectividades en situación de mayor vulnerabilidad, en especial de quienes viven en pobreza y pobreza extrema; entre otros puntos.

Es, por tanto, un interés global que, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, a través de la implementación de políticas de eficiencia y transparencia, resulten como iniciativas de lucha contra la corrupción, para la reafirmación de los derechos humanos, y con ello, garantizar su legitimidad, así como, la promoción de una estrategia de anticorrupción basada en los derechos fundamentales.

Calidad

Todo acto de corrupción compromete la calidad y el acceso a servicios vinculados a los derechos humanos, ya que incide en el funcionamiento de las instituciones.

Conexión

Generalmente los casos que más se vinculan a la conexión entre los derechos humanos y la corrupción son aquellos ligados a la conservación ambiental.

Libertad

La lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial reafirma el ejercicio de la libertad de expresión.

(*) Magíster en Ciencias Penales-UNA. Docente investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Americana.

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